El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel y 5 de libertad vigilada por el delito principal de narcotráfico, es el último de una larga serie de dirigentes políticos y militares latinoamericanos que acaban sus días en un tribunal o una cárcel de Estados Unidos después de haber servido a los intereses de diversos gobiernos norteamericanos, sin importar si han sido demócratas o republicanos.
El primer latinoamericano de alto nivel juzgado en EEUU fue Manuel Antonio Noriega -dictador de Panamá entre 1983 y 1989-, que en 1992 fue condenado a 40 años de cárcel, y tras él vinieron exgobernantes de México, Guatemala, Honduras o Venezuela y la cúpula militar de El Salvador que sirvió fielmente a los intereses «gringos» durante la Guerra Fría.
En esta lista no figuran los numerosos ‘capos’ civiles, que ahora con la Ley Magnitski están siendo sancionados económicamente y a quienes se les niega su ingreso a los Estados Unidos.
Guatemala
El mandatario Alfonso Portillo (2000-2004) estuvo encarcelado en Estados Unidos, donde cumplió condena de 70 meses por lavado de dinero tras ser extraditado en 2013.
El 18 de marzo de ese año se declaró culpable de conspiración para lavar dineros procedentes de sobornos por 2,5 millones de dólares del Gobierno de Taiwán y el 22 de mayo se le impuso una condena de cinco años y diez meses de prisión, así como la devolución del dinero recibido. Fue excarcelado el 25 de febrero de 2015 y regresó a su país.
El Salvador
Durante los años 80´s El Salvador se convirtió en uno de los principales «teatros de operación» de la era post Vietnam, enmedio de la Guerra Fría.
EE.UU hizo de El Salvador una «moneda de cambio» en su estrategia para debilitar a la Unión Sovietica.
El alto mando militar salvadoreño se convirtió en un aliado obediente que, aún teniendo la capacidad de ganar la guerra civil, fue obligado a jugar una teoría político-militar llamada «Conflicto de Baja Intensidad», donde no «debía» haber un ganador.
Muchos de los comandantes militares salvadoreños se retiraron a vivir en los EE.UU, pero en los últimosaños han nsido perseguidos y extraditados por el gobierno norteamericano.
Nicaragua
En el año 2003 Estados Unidos estaría interesado en extraditar al ex presidente de Nicaragua del periodo de 1997- 2002, Arnoldo Alemán, por lavado de dinero, pero las leyes nicaragüenses lo impidieron.
Alemán estuvo bajo arresto domiciliar por presunto fraude al Estado por 100 millones de dólares y tiene suspendida su visa estadounidense por sospecha de lavado de dinero en Estados Unidos.
Además de actos corruptos como la apropiación indebida de millones de dólares de fondos públicos en beneficio de sí mismo y de sus familiares. En el 2020 Estados Unidos prohibió su ingreso al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán y allegados
Panamá
–Manuel Antonio Noriega, militar y “hombre fuerte” de Panamá entre 1983 y 1989. Fue juzgado en Miami y condenado a 40 años, de los que pasó 17 en una prisión de Florida, y posteriormente completó su condena en Francia y en su país.
–Ricardo Martinelli, ex presidente de la República (2009-2014) fue detenido en EEUU y extraditado a Panamá en 2017 donde ingresó en prisión. Enjuiciado y declarado “no culpable” en 2019 por el caso ‘Escuchas’, la sentencia se anuló al año siguiente y se ordenó repetir el juicio en 2021 tras el cual resultó absuelto.
En 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y una multa de 19,2 millones de dólarespor el caso ‘New Business’. Al año siguiente, tras ser declarada en firme la condena, se refugió en la Embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo, si bien un tribunal panameño ordenó su detención preventiva.
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Ricardo Martinelli en una foto de archivo
-Los hijos del anterior, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en mayo de 2022 en EEUU a tres años de prisión y dos de libertad vigilada, así como a una multa de 250.000 dólares después de que en diciembre anterior se declararan culpables ante un tribunal de Nueva York por el blanqueo de 28 millones de dólares en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Ambos alcanzaron un pacto con el Gobierno estadounidense para el pago de 19 millones de dólares. Quedaron en libertad por buena conducta el 25 de enero de 2023 y ese mismo día fueron deportados a Panamá.
Honduras
Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras (2014-22), fue extraditado a EEUU el 21 de abril de 2022, días después de su relevo presidencial. Se le acusó por usar dinero del narco mexicano ‘El Chapo’ Guzmán para cometer fraude electoral en dos elecciones a cambio de formar parte de una conspiración para transportar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ingresó en la cárcel federal de Brooklyn.
El juicio con jurado se celebró desde el 20 de febrero de 2024, que lo declaró culpable el 8 de marzo de tres cargos de narcotráfico y armas, y terminó este miércoles con su condena a 45 años de prisión en firme y cinco en libertad vigilada.
México
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Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México (2006-2012) y acusado en 2018 de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, fue arrestado en Dallas en diciembre de 2019, cuando se le acusó de tres cargos de conspirar para traficar con cocaína a EEUU y por falsos testimonios.
El juicio en su contra se celebró entre enero y febrero de 2023. El jurado lo declaró culpable de narcotráfico y corrupción el 21 de ese último mes. La sentencia se ha pospuesto en cuatro ocasiones y ahora se espera para el 9 de octubre de 2024.
Venezuela
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Cliver Alcalá Cordones fue jefe de la REDI Guayana antes de salir de la institución castrense venezolana
Cliver Alcalá Cordones, ex general del Ejército de Venezuela, se entregó a agentes de la DEA en Colombia el 27 de marzo de 2020, un día después de que el Gobierno estadounidense presentara cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros responsables, él entre ellos. EEUU ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares.
Se declaró ′no culpable′ de los cargos que le imputaba un juez de Nueva York. A mitad de 2023 negoció un acuerdo con la Fiscalía a cambio de un trato favorable. El 27 de febrero de 2024 se inició una vista previa a la sentencia en Nueva York, acusado de seis cargos de narcoterrorismo, apoyo al terrorismo, contrabando de cocaína y posesión de armas.
El 8 de abril fue condenado a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con propósitos de narcotráfico.
Perú
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El caso del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) es distinto a los anteriores porque él no ha sido juzgado en EE.UU, pero fue Estados Unidos el que lo extraditó a su país, donde allí fue juzgado por recibir sobornos por más de 30 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
Fue en febrero de 2023 cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió su extradición y en abril de ese año fue juzgado en Perú e ingresó en el penal de Barbadillo (Lima) para cumplir prisión preventiva por un periodo de 18 meses.
«Ser enemigo de EEUU es arriesgado, pero ser su amigo es letal»
Esa frase se atribuye a Henry Kissinger, «Henry Kissinger fue uno de los secretarios de Estado más destructivos en la historia de este país», opina Bernie Sauders, el infame comunista que navega por las aguas políticas del gigante del norte de América.
Miembro del Partido Republicano, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, y uno de los asesores de mayor confianza del expresidente Richard Nixon en su gobierno (1969-1974). A lo largo de su centenaria vida, ha sido también consejero de presidentes demócratas y republicanos, incluso de Donald Trump.
El expresidente Trump y actual candidato a retornar a la Casa Blanca, acaba de poner el palito superior sobre las ‘T,s’ y los puntitos sobre ‘ies’ al asegurar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (que se creía su amigo) exporta violencia y asesinos a los Estados Unidos de Norteamérica, un duro golpe para la Administración Bukele y su «guerra contra las pandillas».
Donald Trump aseveró que en El Salvador la inseguridad ha disminuido porque se envía a los criminales más peligrosos a Estados Unidos.
Trump retomó su guerra contra la Mara Salvatrucha (MS-13) y la inmigración irregular durante su discurso de aceptación de la nominación republicana como candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
Recordó que su administración combatió y expulsó al grupo terrorista, cuyos miembros llegaban al punto de enfrentarse con los agentes de inmigración que llegaban a capturarlos.
En un punto de su discurso se refirió directamente a El Salvador, cuyas autoridades, según él, publicitan que están llevando a cabo un “maravilloso plan contra las pandillas”, «pero no es así, pues envían a los miembros de estos grupos a otros países, como México y los Estados Unidos», dijo.
Hay un viejo adagio popular que reza «Cuando veas afeitar las barbas de tu vecino, por las tuyas en remojo», lo que pasará con las autoridades salvadoreñas es tan claro como el cuento de García Márquez «Crónica de una muerte anunciada».
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU ha designado a varios funcionarios salvadoreños bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos.
Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios de El Salvador por su participación en actos de corrupción, según informó el Departamento del Tesoro.
Los nombres designados bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos son los del viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Osiris Luna Meza, y el director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Luna y Marroquín «son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el sobornos», dice el comunicado del Departamento.
EE.UU además asegura que durante la pandemia generada por la propagación del COVID-19, Luna negoció un acuerdo con líderes de pandillas de la MS-13 y Barrio 18 «para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas».
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró la visa y anunció bloqueos a las propiedades e intereses de Martha Carolina Recinos, que ha fungido como comisionada presidencial y jefa de gabinete del gobierno de Nayib Bukele y la nación norteamericana la acusa de haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario”.
La funcionaria, según la OFAC, autorizó diversas compras “sospechosas” en la construcción del Hospital El Salvador, anunciado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como el más grande hospital para COVID-19 de Latinoamérica. Autorizó, además, compras de mascarillas quirúrgicas, batas y otros insumos médicos a empresas “sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”.
“A partir del verano de 2021, los funcionarios salvadoreños otorgaron millones de dólares en contratos inflados relacionados con la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19, lo que a su vez permitió sobornos a funcionarios del gobierno salvadoreño y algunos de los asesores del presidente Bukele”, explica la OFAC.
La funcionaria ya tenía prohibido entrar a Estados Unidos, luego de figurar en el listado de funcionarios corruptos, conocido como la Lista Engel, publicado por el gobierno estadounidense en julio de este año.
Es conocido que ningún funcionario puede mover un dedo en El Salvador sin la autorización o el conocimiento del presidente Nayib Bukele y no debe olvidar que la mano de la justicia de Estados Unidos es a veces lenta, pero siempre atrapa a su objetivo.
