El fiscal general del país, Douglas Meléndez, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que superen el veto presidencial que dejaba sin efecto importantes reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
En un comunicado dado a conocer este miércoles, Douglas Meléndez asegura que el veto presidencial frena una reforma que le daba autonomía técnica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República.
“El veto implica que la UIF ya no tendrá acceso a la plataforma que le permite el intercambio de información y ya no podrá proveer a la FGR información de inteligencia necesaria para la depuración de sus casos… El veto a esta reforma legal se traduce en un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional”, advierte la institución.
De acuerdo al Fiscal, si los diputados no superan el veto presidencial, a partir del 24 de septiembre, la UIF de El Salvador será suspendida o expulsada del Grupo Egmont, que reúne a las unidades de investigación financiera de 156 países, y además ya no podrá podrá solicitar información financiera a otros países para investigar el lavado de dinero.
Como segunda consecuencia, El Salvador “podría ser incluido en la lista de paraísos fiscales” y formar parte de una lista gris o negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual dañaría la reputación del país, limitaría sus fuentes de financiamiento externo, aumentarían los costos de transferencias bancarias, aumentaría la percepción de riesgo de los inversionistas y elevaría el costo de los negocios.
La reforma daba autonomía a la UIF respecto del fiscal general para procesar, analizar y diseminar la información. El presidente Sánchez Cerén vetó la reforma, argumentando que la reforma le resta atribuciones exclusivas del fiscal general de la República.
La Fiscalía objeta el argumento del Presidente, diciendo que la función de investigación del delito de lavado de dinero es ejercida por medio de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos (Uecla) y que la UIF no es una unidad de investigación del delito y promoción de la acción penal, sino de análisis de información financiera
La Fiscalía explicó que la divulgación de un documento confidencial que hizo el expresidente Mauricio Funes llevó a El Salvador a un proceso en el Grupo Egmont, que emitió una advertencia de suspensión de membresía para la UIF, por lo cual el Grupo les ha exigido cumplir ocho condiciones esenciales que han cumplido, pero que se les señaló la necesidad de la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República por el “riesgo de injerencia de otros funcionarios” como la ocurrida en la divulgación que hizo el expresidente.
