Varios centenares de personas pertenecientes al activismo social de izquierda e identificadas como miembros del Frente Social y Sindical, marcharon este martes en demostración de respaldo y apoyo a la Asamblea Legislativa que se opone la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La marcha dio inicio desde la Plaza del Salvador del Mundo, portando sendas banderas rojas en las que se hace alusión a las más recientes resoluciones de Sala. Algunos dirigentes del movimiento acusaron a los magistrados de querer “desestabilizar” al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. “Los salvadoreños no elegimos un gobierno de jueces” y “dejen trabajar a la Asamblea Legislativa” eran algunas de las consignas que se podían escuchar a lo largo de la marcha.
La Policía Nacional Civil estableció desde tempranas horas un fuerte operativo de vigilancia en las cercanías del edificio de la Asamblea Legislativa para prevenir posibles desordenes.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional han denunciado estar siendo víctimas de acoso por parte de sectores que no comparten sus sentencias, la última de ellas una que prohíbe que el presidente de la República salga del país sin autorización del legislativo.
Una de las más decididas críticas de la Sala de lo Constitucional ha sido la hasta ahora presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña así como el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén quien asegura que las sentencias de la Sala “Son desestabilizadoras”.
Por otra parte, los sectores democráticos, empresariales y tanques de pensamiento del país respaldan la actividad que desempeña la Sala, especialmente desde que esta declaró inconstitucional un decreto legislativo que que autorizaba un endeudamiento por $900 millones de dólares. A raíz de la resolución que dejó sin efecto dicho decreto, la Sala acordó declarar ilegales los nombramientos de los llamados diputados suplentes del Organo Legislativo.
A la crítica contra la Sala de lo Constitucional, la presidenta del Órgano legislativo hizo del conocimiento público una denuncia ante el ministerio de Hacienda y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que el investigara al magistrado Belarmino Jame por supuesta evasión en el pago de impuestos y supuesto lavado de dinero. El mismo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se encargó de desmentir a la diputada Peña.
La marcha de los supuestos sindicalistas busca que la Asamblea investigue a la Sala para, supuestamente, buscar elementos que justifique una eventual destitución de sus cargos.
