Un tribunal ordenó el martes repetir un juicio contra 18 personas que fueron absueltas el año pasado de acusaciones relacionadas con una fallida tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, en 2012, la cual fue financiada y respaldada por la entonces administración del expresidente Mauricio Funes Cartagena.
“La Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador anuló la sentencia absolutoria que dictó un juez a favor de los involucrados en el caso tregua de pandillas, y ordenó repetir el juicio”, indicó a periodistas un portavoz de los tribunales de justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) les había imputado delitos como participación en agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en centros penales y actos arbitrarios, pero la justicia absolvió a los 18 imputados.
Esa sentencia fue apelada por la FGR. Los delitos habrían sido cometidos mientras estuvo vigente una tregua bajo el respaldo y apoyo financiero del primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“La Cámara consideró que en el juicio no se tomó en cuenta ni se valoraron todos los elementos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República en contra de los acusados, y esa es una de las razones por las que anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio”, explicó la fuente de los tribunales.
Entre los acusados figuran el exjefe guerrillero Raúl Mijango y el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda.
Mijango se encuentra en prisión, acusado en un caso de extorsión junto a pandilleros de MS-13.
Un tribunal especializado de San Salvador deberá decidir la fecha del nuevo juicio, según el portavoz.
En 2012, la tregua que declararon las pandillas propició una fuerte reducción de los casos de homicidio, pero el pacto se rompió pocos meses después.
El Salvador aplica desde 2016 “medidas extraordinarias de Seguridad” que incluyen severos controles en seis cárceles para cortar la comunicación de cabecillas de las pandillas con el exterior.
Según cifras oficiales, en 2017 se registraron en el país 3.962 homicidios, 60 por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo.
