Por Mauricio Eduardo Colorado.- Los acontecimientos frente a la Asamblea Legislativa ocurridos la semana pasada dizque por “estudiantes” en protesta por una supuesta privatización del agua, han sembrado una serie de hipótesis y aclarado algunos otros hechos que demuestran el pánico desatado en las autoridades nacionales de perder el poder en el próximo evento electoral de marzo de 2019.
Los grotescos y desfasados sucesos de destrucción violenta de algunas instalaciones en el edificio de la Asamblea, solamente han evidenciado el deseo de algunos de regresar a los tiempos del imperio del terror en los cuales la violencia y muerte dictaban las reglas políticas para la convivencia de la sociedad salvadoreña. Muy grave resulta enterarse que la Universidad de El Salvador, institución que por naturaleza tiene por finalidad enriquecer la cultura del salvadoreño, participa activamente en actos bochornosos como el relatado, y en el cual las máximas autoridades educativas del alma mater han tenido una notoria responsabilidad. Asimismo, las declaraciones de diputados tradicionalmente de izquierda radical, pese a que mantienen el poder del órgano ejecutivo, celebran como justificado el perverso ataque al legislativo, con la aparente finalidad de regresar a la época de violencia en la cual cualquier cosa se arreglaba con cierre de calles, quema de llantas, asesinando personajes y en general, sembrando el terror. Si comparamos a nuestro país con otros de latino américa donde los señores comunistas han tomado el poder, podemos claramente observar que donde lo conservan ha sido por medio de la violencia, el fraude electoral o la imposición forzosa de la voluntad política. En el caso al que nos referimos, no nos parece justificado ni justificable recurrir a la violencia como forma para impedir que la entidad encargada por la constitución para dictar leyes se vea impedida de realizar su función debido a intervenciones violentas de estudiantes, autoridades universitarias o simples bochincheros contratados por alguien para impedir que las instituciones funcionen como deben. Hay quienes piensan –y no es descartable tal posibilidad- que el partido de gobierno, presienta su derrota electoral, y sea desplazado del poder por el mismo medio electoral que lo colocó en la cúspide, y ahora lo retira por su incapacidad en satisfacer las necesidades del pueblo. Otros, piensan que el incidente es otra cortina de humo para esconder el escándalo de los 350 millones de dólares que se cuestionan al régimen anterior, y que en la actualidad mantienen fuera del país a personajes supuestamente involucrados en tan importante defraudación, indignante al compararla con las deficiencias de nuestros hospitales y unidades de salud pública escasamente proveídas. Sea como sea, el gobierno se encuentra en un callejón sin salida, ya que por una parte, las protestas del pueblo deben reflejarse contra el gobernante y administrador del estado, y actualmente estos reclamos violentos se deben volcar contra quienes en otra época se valieron de la violencia para buscar el poder que ahora tienen pero que deja mucho que desear. Por otro lado, el gobierno tiene el compromiso con sus compinches de carácter internacional, de convertirse en el primer régimen desplazado del poder, por medio del poder de las urnas, lo que significaría la negación de la izquierda por el mismo pueblo que se supone liberado por la “Liberación Nacional”. Sea como sea, la primera obligación del gobierno es mantener la paz ciudadana y la cordialidad entre vecinos. Promover o permitir la violencia para obtener resultados sería una regresión histórica que nos llevaría, paso a paso hasta la época de las cavernas. No hablamos de épocas pretéritas. Basta mirar hacia Venezuela y Nicaragua, donde el futuro se está presentando en el presente. En El Salvador 9 años de gobierno con el sistema del Siglo XXI han bastado para demostrar que la pobreza cambio a riqueza, pero solamente para algunos, aunque sea con la inseguridad y una espada de Damocles sobre su cabeza.
