Los operadores de empresas telefónicas en el país rechazaron este miércoles las declaraciones del Secretario Técnico de la presidencia en el sentido de que estas se oponen a la disminución de las tarifas sugerida por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET.
Las empresa operadoras Telefónica, Tigo, Claro y Digicel, aseguran en su comunicado que ellos no han desaprobado ni aprobado las tarifas propuestas como lo dijo el Secretario Técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana.
“Señalamos que el proceso de aprobación de cargos y tarifas máximas no penden de la voluntad o conformidad de las empresas, sino del proceso definido en la normativa creada al efecto”, dicen en su comunicado.
Las empresas de telefonía exponen que de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, la SIGET debe aprobar el pliego de cargos y tarifas máximas el día 1 de octubre de cada año y que. en consecuencia, a la fecha no han sido notificados de la decisión de la SIGET de aprobar la reducción de cargos en las tarifas a las que se refiere Lorenzana.
En cuanto a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia los operadores de servicios telefónicos hacen ver que no sólo golpeará a todos los salvadoreños, y muy especialmente a los menos favorecidos, sino que este tipo de impuestos constriñe el desarrollo del sector de las telecomunicaciones e impiden mayores inversiones en nuevas tecnologías y en servicios de última generación.
Las compañías Telefónica, Tigo, Claro y Digicel aclaran que los señalamientos sobre la falta de voluntad en cumplir con la obligación de bloquear la señal de telefonía celular en los centros penales, son falsos, ya que estos han colaborado ampliamente dentro de los parámetros de factibilidad técnica, realizando ajustes en la medida en que ha sido requerido por las autoridades de Gobierno.
Aclaran también que el tema de la señal no es la solución definitiva sino que forma parte de un trabajo integral en el que además, necesita hacer buen uso de los bloqueadores de señal que ya existen dentro de los centros penales e intensificar el control de la entrada de los dispositivos a estos centros.
Finalmente, los operadores lamentan en su comunicado que la industria de telecomunicaciones sea señalada y atacada con este tipo de pronunciamientos públicos que lesionan su imagen ante la opinión pública a pesar de ser uno de los gremios que más invierte en el país y contribuye al desarrollo económico de la nación.
