El estado de excepción que se vive en El Salvador desde marzo de 2022, con cerca de ocho meses en vigor, ha tenido «consecuencias graves» en los derechos humanos, determinó el viernes el Comité de la ONU sobre el delito de tortura.
Las autoridades salvadoreñas informaron recientemente a la instancia de la ONU sobre las tasas de homicidio y la gravedad de las perturbaciones del orden público causadas por las pandillas y otros grupos delictivos que llevaron al gobierno de Nayib Bukele a tomar la decisión de emitir la suspensión temporal de las garantías constitucionales, sin embargo, la oposición política en el país y expertos han señalado que es preocupante la detención de unas 58.000 personas en aplicación de la medida.
Las medidas de excepción, tales como la no notificación inmediata de la detención a familiares, incluidos menores de edad, en su mayoría delincuentes terroristas, dificultades en el acceso a una defensa y la extensión de 72 horas hasta 15 días del plazo para que una persona detenida comparezca ante un juez, son consideradas violaciones de derechos por el Comité.
Desde la adopción de las medidas excepcionales, el Comité ha pedido al Gobierno salvadoreño que haga lo necesario para prevenir las detenciones arbitrarias y sin la orden de un juez, y que garantice los derechos de los detenidos, desvirtuando el sentido mismo de las medidas de excepción.
