ONG’s de izquierda pretenden la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional

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La activista de izquierda Margarita Posada, de ASGOJU.

Luego que el presidente de la República, varios funcionarios de su Gobierno y dirigentes del FMLN pidieran a la población “desobediencia” a las máximas autoridades del Poder Judicial, representadas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), unas 30 organizaciones de izquierda pidieron el martes la destitución de 4 de los 5 magistrados de la Sala, por la supuesta “violación de principios y disposiciones” de la Constitución.

De acuerdo con la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), liderada por la activista de izquierda Margarita Posada, sumisa del oficialismo, los magistrados Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo González “se han extralimitado en su función jurisdiccional” y “eliminan toda forma de seguridad jurídica y vuelcan al país entero en una suerte de caos institucional”.

“Pedimos se proceda a nombrar una comisión especial (de diputados) para recomendar, conforme al artículo 186 de la Constitución, la destitución inmediata” de los mencionados jueces, reza la misiva presentada por reconocidas figuras de la izquierda más recalcitrante del país ante la Asamblea Legislativa. La nota presentada es respaldada por la ex guerrillera y diputada oficialista Jackeline Rivera.

El Gobierno, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y ASGOJU trabajan en equipo para atacar las resoluciones del Constitucional, porque a su juicio están influenciadas por la empresa privada y la oposición y no obedecen a los intereses del actual Gobierno.

El arranque de rabia contra los magistrados es producto de la habilitación ordenada por los magistrados del uso público del carril que se encontraba “segregado” para el uso exclusivo de una empresa a la que otorgó el Gobierno del FMLN la explotación exclusiva del Sistema Integral de Transporte de San Salvador (SITRAMSS) sin haberla licitado y de manera ilegal.

Entre las resoluciones que según estos “bloquean” las funciones del Gobierno se encuentran la que anuló la emisión de 900 millones de dólares en bonos y otra que ha frenado el incremento en el costo de la electricidad en un 13 % en 2016, medidas que habrían endeudado irresponsablemente al país y afectado grandemente a la población con menos recursos.

La Sala a pedido también al presidente, Salvador Sánchez Cerén, a hacer públicos sus gastos; y ha desconocido a los 84 diputados suplentes del actual Congreso; además ha ordenado la suspensión de reformas al fideicomiso de pensiones, para que el Gobierno cese de apropiarse de los ahorros de los pensionados, entre otras.

Los magistrados a quienes ahora atacan las organizaciones obedientes al oficialismo, denunciaron públicamente a finales del 2016 que recibieron amenazas de muerte por parte de grupos afines al FMLN en distintas partes del país donde desarrollan campañas de promoción de la Constitución.

“Últimamente han aparecido pancartas en distintos pueblos y carreteras donde ya se nos amenaza a muerte de manera publica”, hay “mantas con nuestras caras y nuestros nombres que dicen ‘muerte a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional'”, aseguró en esa ocasión el juez Meléndez a la prensa.

Además, en días recientes, hordas izquierdistas, con los ánimos alebrestados por las incitaciones de Sánchez Cerén, sus ministros, el Secretario General del FMLN, Medardo González y varios diputados oficialistas, intentaron arrancar los portones de la Corte Suprema de Justicia, para intentar dañar la integridad física de los magistrados, ante la mirada impasiva de los órganos auxiliares de Seguridad.

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