Las ONG´s de izquierda y opositoras, UNIDEHC y la ‘Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea’, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro por supuestos actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Representantes de personas que habitan a los costados de antiguas líneas férreas pidieron el viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue penalmente a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, por la no entrega de las escrituras que las acreditan como propietarias de esos terrenos.
Según explicó el abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), presentaron a la Fiscalía un aviso penal para que determine si se cometieron los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Joya indicó que han pedido esta investigación ante la falta de cumplimiento de un decreto legislativo que ordena la entrega de escrituras de las tierras que habitan estas personas, que serían unas 10,000. «Desde que entró el actual Gobierno, no se han entregado estas escrituras» a pesar de que existe el referido decreto que «obliga a estas instituciones que den escrituras», apuntó.
Francisco Aragón, de la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea, precisó a periodistas que el decreto beneficiaría a más de 9,700 familias en cinco de los catorce departamentos del país. «Es una lucha que hemos ganado, que hemos conquistado, y que a partir de la entrada de este Gobierno se nos ha incumplido el derecho a tener esas escrituras», dijo.
Aragón sostuvo que han buscado, sin éxito, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Obras Públicas para conocer si serán afectados -o no- por la construcción del llamado Tren del Pacífico, anunciado por el Gobierno de Nayib Bukele. «Para nosotros es una incertidumbre porque no tenemos una certeza en qué lugares va a pasar el tren», añadió.
De acuerdo con datos oficiales, en El Salvador, el 51,6 % de las familias son propietarias de sus viviendas, mientras que el 3,6 % aún están pagando su vivienda en la zona urbana.
