Un organismo humanitario calificó de «inmoral» la nacionalidad nicaragüense otorgada al expresidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN/2009-2014), quien es requerido por la Justicia de su país por cargos de corrupción.
«Para el Cenidh (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), el caso del ciudadano salvadoreño Carlos Mauricio Funes Cartagena amerita la aplicación del numeral 5 del artículo 175 de la Ley General de Migración y Extranjería, que indica como causal de expulsión de nuestro país que el residente sea prófugo de la Justicia o sea requerido judicialmente por otro Estado», alegó ese organismo, crítico con el Gobierno de Daniel Ortega.
Esa ONG, a la que la Asamblea Nacional -controlado por el oficialismo- a propuesta del Ejecutivo, le retiró su personalidad jurídica en diciembre pasado, aseguró que el Gobierno de Ortega «violenta una vez más leyes de Nicaragua».
«El trato preferencial de las autoridades migratorias hacia Funes contrasta con la deportación ilegal de la activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres Ana Quirós, naturalizada nicaragüense, con 40 años de vivir en el país», señaló.
Para esa ONG, «el doble rasero con que opera el régimen (sandinista) se refleja también en la persecución y el hostigamiento emprendido contra millares de nacionales que tras el estallido social de 2018 se han visto obligados al exilio forzoso para escapar de un sistema autoritario que no respeta los derechos humanos».
Por tanto, el Cenidh calificó de «inmoral el otorgamiento de esta nacionalidad, mientras se persigue a millares de nacionales» que se han marchado al exilio en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Funes se encontraba asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y su nacionalización fue oficializada en el diario oficial, La Gaceta.
El beneficio migratorio también lo recibieron su cónyuge, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, también procesados en El Salvador.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, prometió antes de asumir el poder el pasado 1 de junio que en los primeros cien días de su Administración lograría la extradición del ex jefe de Estado izquierdista.
Funes, que llegó al poder bajo la bandera de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró en sus redes sociales que «ni en los primeros cien días de su Gobierno, ni en años la extradición será posible», dado que es prohibida por la Constitución de Nicaragua.
«Hasta cuándo va a entender Nayib que su poder no es absoluto y que no manda sobre otros órganos del Estado y menos sobre gobiernos de otros países», subrayó Funes.
El expresidente es procesado en su país por supuestamente apropiarse y lavar más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, fondos que fueron manejados en un esquema similar al usado por su antecesor, Elías Antonio Saca (2004-2009), para desfalcar más de 300 millones.
Saca, quien gobernó bajo la bandera de Arena, purga 10 años de prisión por cargos de pecualado y lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, el dinero cuestionado a ambos expresidentes fue canalizado mediante una cuenta presupuestaria de gasto secreto de la Presidencia a cuentas particulares.
Funes también es procesado por el supuesto pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.
Con información de EFE
