ONG de izquierda denuncia la detención de menores y jóvenes por autoridades

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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), alineada a la izquierda del país, denunció el domingo la detención «arbitraria» de «al menos 8 niños y jóvenes» en la comunidad Amando López, del Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután, en el oriente del país.

El hecho, de acuerdo con Fespad, sucedió el pasado 29 de octubre luego que los detenidos «presentaron una obra de teatro sobre memoria histórica de El Salvador».

Según un comunicado, «la obra que presentaron los niños y jóvenes detenidos hacía (un supuesto) retrato de la historia del país desde la época precolombina, los Acuerdos de Paz, hasta la actualidad». 

«Los familiares temen que se trate de una represalia por incluir las actuaciones militares en la representación teatral», apuntó.

Fespad señaló que, según testimonios de familiares, «aproximadamente a las 10.00 de la noche del sábado 5 de noviembre, soldados y policías llegaron (al lugar donde se encuentran detenidos), (los) sacaron y golpearon». 

Indicó que «se encuentran detenidos en bartolinas de la ciudad de Usulután».

Además, «como antecedente, las familias señalan que la semana pasada los soldados entraron a la comunidad, le cortaron el cabello a un joven, golpearon a niños y adolescentes, además les sacaron fotografías».

Los hechos se habrían dado en momentos que el país se encuentra en régimen de excepción desde finales de marzo y las autoridades reportan 56.716 detenciones en los siete meses de dicha medida, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para «combatir» a las maras en un «guerra», denominada así por el mandatario.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y suspende varias garantías constitucionales.

Recientemente, siete organizaciones de El Salvador dieron a conocer que registran 4.071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, que junto a las más de 3.400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7.400.