Los diputados del FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron el jueves reformas a la Ley de Obligaciones Previsionales. Con las reformas, el Gobierno salvará el caer en impago (“default”) el próximo 7 de octubre al apropiarse nuevamente de los ahorros de los trabajadores.
Las reformas permiten al Gobierno la emisión de certificados para pagar una deuda inmediata que alcanza los 71 millones de dólares.
Las reformas fueron aprobadas con 46 votos, los del oficialismo del FMLN y sus aliados.
Según analistas, con las reformas el Gobierno tendría abierta una “línea de crédito rotativa”, ya que cada vez que el Estado abone a las cuentas de Fondos de pensión, podría volver a retirar las misma cantidad abonada para su uso discrecional en Hacienda.
A pesar que la oposición razonó las inconveniencias de autorizar dichas reformas, observando que son inconstitucionales y que iban a ser aprobadas con ilegalidad, la corriente roja, verde, azul y naranja las aprobó.
Las pensiones que se pagarán con los fondos que prenden apropiarse son los que son responsabilidad exclusiva del Gobierno a pagar, pues es el mismo el que se quedó con los fondos de las pensiones del ISSS y del INPEP que no fueron absorbidas por el nuevo sistema previsional, sin embargo, dichos fondos han sido utilizados para el gasto público, desfinanciando los fondos.
Otro experto opinó que la reforma recién aprobada a la ley FOP vulnera, al menos, tres principios y disposiciones constitucionales:
1) de forma, violación del proceso de formación de ley, en concreto, la exigencia de debate legislativo, por acudir ilegítimamente a la figura de dispensa de trámite (violación del art. 135 de la Constitución).
2) de fondo, inobservancia de la exigencia de mayoría legilslativa calificada para contratación de deuda pública (violación del art. 148 de la Constitución).
3) violación a la prohibición de confiscación, ya que por la vía de apropación o desvío sin límite, de los ahorros previsionales para el pago de compromisos financieros del Estado o pago de deuda pública, se están confiscando, saqueando, los ahorros previsionales de los trabajadores. La inconstitucionalidad es evidente.
Y es que, de no revertirse la reforma aprobada ayer, todos y cada uno de los cotizantes al sistema de ahorros para pensiones, deben dar ya por perdidos -por confiscación- el monto ahorrado en su cuenta individual de ahorro que tiene en la AFP. Con esa reforma aprobada ayer, en pocos años ya no existirá respaldo real de dichos ahorros, por lo que, a efectos prácticos, los cotizantes perderán sus ahorros previsionales.
Con los cambios en la ley, queda establecido que el dinero que se tome se usará “para pagar a tenedores de certificados de inversión los intereses y amortizaciones de capital”.
El Banco de Desarrollo de El Salvador será la institución fiduciaria de estos bonos.
El Gobierno toma cada año cerca de $400 millones provenientes de los ahorros para pensión y entrega a las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Certificados de Inversión Previsional (CIP). El dinero va a parar a un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y este lo utiliza para pagar las pensiones a los jubilados del INPEP y el ISSS que se quedaron en el antiguo sistema de pensiones.
Los diputados aprobaron cinco reformas a la Ley del FOP, con las que permiten que la deuda que el Gobierno adquiere con los fondos para pensiones sea pagada con la emisión de nueva deuda con los mismos fondos.
Diputados de ARENA dijeron que ese mecanismo es inconstitucional y que presentarán un recurso en la Sala de lo Constitucional.
Con anterioridad, la Ley del FOP establecía que el dinero obtenido con la venta de los CIP era para cubrir obligaciones previsionales. La reforma del artículo 3 amplía las posibilidades del uso de estos recursos, e incluye las “obligaciones que se generen o se deriven” del cumplimiento del pago de las pensiones del antiguo sistema. Puede usarse el dinero para pagar la deuda con los fondos de pensión.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) ha rechazado de manera inmediata las reformas, ya que según un comunicado distribuido a periodistas, “Se obliga a los trabajadores a prestarle más dinero para pagar los intereses y capital que el mismo Gobierno ya les debe, evadiendo su responsabilidad de pago indefinidamente. Claramente esto es una confiscación al ahorro de los trabajadores”.
“Esta reforma implica un ciclo infinito de generación de deuda, la cual iría creciendo sin control en el tiempo, sin garantía de pago para los trabajadores… y con una baja rentabilidad”, agrega el comunicado.
Comments are closed.