La Asamblea legislativa, en total control del oficialismo de Nuevas Ideas, aprobó el martes la 22da prórroga del régimen de excepción, el cual mantiene suspendidos derechos relacionados al plazo de detención, defensa e intervención a las telecomunicaciones, sin haber tenido al menos una discusión profunda sobre el asunto.
En su solicitud, el gobierno de Nayib Bukele indicó que la medida, vigente desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 75.100 supuestos pandilleros, pero no explicó porque luego de casi dos años de aplicar la medida, al menos 20 mil pandilleros siguen libres, según lo aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La suspensión de garantías permite extender el plazo máximo de detención de 72 horas a 15 días; no informar de manera inmediata de los derechos y las razones de detención a un sospechoso y tampoco garantiza la asistencia jurídica. Además, permite intervenir las telecomunicaciones sin una orden judicial.
Según el Ejecutivo, el régimen es necesario porque “aún permanecen” pandilleros y sus cabecillas “en libertad” y que suspender la medida sería un “retroceso”.
Por su parte, la legisladora opositora Claudia Ortiz arremetió contra la medida: “El régimen de excepción no es una política de seguridad sino la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreños”, puntualizó.
“Las dos cosas son ciertas, se han capturado pandilleros, y se han capturado inocentes y no se les da justicia, la última cosa no debería estar pasando”, afirmó en el pleno, pero en El Salvador “no hay paz”, sino una “tensa calma”, dijo.
La nueva prórroga estará vigente hasta el 10 de febrero, plazo que incluye las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán el 4 de febrero. El gobierno ha asegurado que mantendrá la medida hasta que no haya pandilleros en las calles.
La violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2016 y no desde la llegada de Bukele a la presidencia (2019), año en el que el Instituto de Medicina Legal reportó 5.280 muertes dolosas. El año 2023 — calificado por el gobierno como el más seguro en la historia del país — cerró con 194 homicidios, según los informes de la Policía Nacional Civil. La cifra oficial fue 154, ya que no incluye asesinatos de supuestos pandilleros ni las desapariciones forzadas, falseando las cifras.
Durante el régimen de excepción, la asociación Cristosal reportó hasta el 9 de enero 3.695 presuntas víctimas de detenciones arbitrarias y otras vulneraciones a los derechos humanos. En tanto, el organismo Socorro Jurídico Humanitario documentó 220 personas detenidas muertas dentro de las cárceles hasta el 30 de diciembre de 2023.
De acuerdo a la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de evaluación del gobierno, publicada en mayo de 2023, un 97,7 % de la población entrevistada consideró que la delincuencia ha disminuido con el actual gobierno; de esa gran mayoría, el 68,7 % lo atribuyó al régimen de excepción o a la captura de pandilleros.
