Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la cuadragésima tercera prórroga del régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y que ha estado vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La nueva extensión estará vigente del 3 de octubre al 1 de noviembre y fue avalada por las bancadas de Nuevas Ideas y sus partidos satélites, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La diputada suplente Cesia Rivas, del partido VAMOS, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA no estuvieron presentes en la sesión.
Durante la plenaria, los diputados oficialistas defendieron la continuidad del régimen como una “responsabilidad histórica” y un “escudo que protege la vida de millones de salvadoreños”. Argumentaron que la medida ha permitido recuperar territorios antes dominados por pandillas y reducir drásticamente los índices de homicidios.
Según cifras oficiales, más de 89,500 personas han sido detenidas bajo el régimen, principalmente acusadas de pertenecer a estructuras criminales. El gobierno reporta más de 1,025 días sin homicidios desde el inicio de la administración Bukele, 911 de ellos durante la vigencia del régimen.
Organismos nacionales e internacionales han cuestionado la legalidad y el impacto del régimen. Amnistía Internacional ha señalado que la medida “consolida un modelo que da la apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas”, y alerta sobre la suspensión de derechos como el acceso a defensa legal y la intervención de comunicaciones sin orden judicial.
Además, el Ministerio de Justicia ha reconocido que más de 8,400 personas han sido liberadas tras verificaciones de inocencia, mientras que organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario denuncian que al menos 447 personas han muerto en prisión sin haber sido vencidas en juicio.
La aprobación se dio por dispensa de trámite, tras una modificación de agenda impulsada por el diputado Christian Guevara (Nuevas Ideas), quien afirmó que la medida busca garantizar que “la niñez y la juventud salvadoreña no vuelvan a pasar por el flagelo de las pandillas”.
Mientras los diputados oficialistas celebraban la votación con fotografías y aplausos, la diputada Rivas cuestionó la falta de atención a menores de edad cuyos padres han sido detenidos, señalando una contradicción entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan muchas familias salvadoreñas.
