Observatorio de Derechos Humanos pide al Gobierno garantizar la comunicación entre presos y familiares

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El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) le pidió al Gobierno del presidente Nayib Bukele garantizar la comunicación entre los detenidos durante el régimen de excepción y sus familiares.

La petición surgió a raíz del informe “Afectaciones a familiares de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción” que elaboró el propio Observatorio, donde “busca presentar las vulneraciones que han afectado a las personas salvadoreñas por las capturas arbitrarias de uno o varios de los miembros de su núcleo familiar en el marco del régimen de excepción”.

En su investigación, el OUDH establece que la angustia, la preocupación, la tristeza, la frustración y el estrés son los principales impactos psicológicos entre los familiares de los detenidos.

El Observatorio tomó como muestra 1,026 denuncias de supuestas detenciones arbitrarias ocurridas entre marzo de 2022 y septiembre de 2023. De acuerdo con la investigación, unos 2,742 familiares sufrieron un impacto negativo, principalmente porque no saben sobre la situación jurídica o tampoco el lugar donde se encuentra detenida la persona.

Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, aseguró en una rueda de prensa que el impacto negativo también es para el privado de la libertad: “El mantenimiento de los vínculos familiares para las personas privadas de libertad es crucial para su reinserción social”.

El presidente Nayib Bukele defiende su política de seguridad y asegura que redujo los niveles de violencia. También apunta contra los críticos de sus métodos, al asegurar que resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada.

El régimen de excepción rige desde el 27 de marzo de 2022.

Esta medida de seguridad impulsada por el gobierno de Bukele suspende garantías constituciones como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional y permite la intervención de las telecomunicaciones sin que sea autorizado por un juez.