La nueva ley excluye los proyectos estratégicos de utilidad pública y elimina la garantía de mantenimiento de ofertas al Estado; con esta ley se sustituirá la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)
Entre las nuevas dispociciones se establece que no se aplicará la nueva Ley de Compras cuando el Estado adquiera o alquile inmuebles, seguros paramétricos, membresías o proyectos estratégicos de utilidad pública.