No se valen las trampas en la elección del Fiscal General de la República

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Con la más reciente publicación de un periódico digital en la que con un video se pretende desprestigiar al actual Fiscal General de la República y que, según el mismo periódico, le fue proporcionada por el Organismo de Inteligencia del Estado, O.I.E., ha quedado demostrado, una vez más, cuán endeble es el Estado de Derecho en El Salvador.

Obviamente lo que se intuye en dicha publicación es la intención de crear un velo de sospechas sobre el actual jefe del Ministerio Público en los momentos en que una subcomisión de la Asamblea Legislativa se apresta, entre otros 71 ciudadanos; abogados de la república, a seleccionar un posible fiscal para el próximo periodo.

Lo más delicado del asunto es que, a confesión del mismo periódico, ha quedado al descubierto que la OIE, un organismo del Estado, ha espiado a quien constitucionalmente está llamado a defender sus intereses así como los de la sociedad.

Si el Organismo de Inteligencia del Estado, OIE, no aclara los motivos que tiene para espiar a Luis Martínez, no quedará sino pensar que se trata de un de un vulgar acto de espionaje con el fin perverso de influir en los diputados que tendrán a su cargo la elección del nuevo Fiscal General de la República.

El video en que la publicación digital sustenta su información supone la colocación de varias cámaras en puntos clave por los que habría de pasar el Fiscal y su comitiva hasta abordar la aeronave que lo llevaría a Tegucigalpa, Honduras, lo que significa que no se trata de un hecho aislado sino de una verdadera trama con olor a venganza.

Para determinar estos extremos debemos saber, a ciencia cierta, quién manda en el Organismo de Inteligencia del Estado pero siendo este, como su nombre lo indica,  un organismo del Estado, deberá ser el presidente Salvador Sánchez Cerén quien explique al Fiscal General de la República por qué lo están espiando.

El fiscal General de la República, como cualquier otro ciudadano, está sujeto a cometer errores o equivocaciones por lo que también puede ser investigado pero esto debe ser en la forma prescrita por la ley, sin trampas de ninguna naturaleza.

El Fiscal no es cualquier perico de los palotes; es quien ejerce la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, tiene entre otras obligaciones la de dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, una función realmente básica para que el Estado de Derecho pueda desempeñarse a plenitud, ni más ni menos.

Cierto es que en nuestro país se están moviendo fuerzas sociales y ciudadanas en la línea de la modernización, que corrige defectos y ventila estructuras, pero también es cierto que hay grupos oscuros que no quieren que Luis Martínez sea reelecto por su decidido combate contra las pandillas, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

El Fiscal General de la República sabrá cómo defenderse de cuanta imputación le hagan; nosotros, como periodistas, solo nos limitamos a expresar las dudas que nos asaltan cuando un procedimiento no está claro y huele a podredumbre.

Luis Martínez está haciendo sus mejores esfuerzos, cambiarlo cuando el ministro de la defensa, General David Munguía Payés, reconoce que los pandilleros se han convertido en fuerza numérica incapaz de ser controlada y que el mismo Comisionado para la Seguridad, Hato Hasbún, reconoce que estos ejercen control territorial, sería el mayor de los errores.

No habrá Estado de Derecho seguro sino hay combate seguro a las  pandillas así como a cualquier otra forma de delincuencia, con cuello blanco o sin él; si la justicia no opera como se requiere, es decir, con valentía consistente y sin excepciones interesadas, seguiremos siendo víctimas de la extorsión diaria a saber por cuánto tiempo.

Los diputados que conforman la subcomisión evaluadora  tienen la enorme responsabilidad de seleccionar al candidato idóneo, capaz y honrado, para que sea Fiscal General de la República, no pueden dejarse influenciar con burdas maniobras; de lo contrario estarían exponiendo a la nación a continuar viviendo entre la angustia y el miedo. La Fiscalía General de la República, debe seguir siendo efectiva, independiente e inequívocamente responsable. No vale la pena correr riesgos.