El Gobierno de Nicaragua decidió el jueves retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de toda actividad relacionada con ese organismo internacional y todos sus mecanismos satélites, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un comunicado dirigido al presidente de dicho consejo, Jürg Lauber, la cancillería calificó de irrespetuosos esos mecanismos, y afirmó que Nicaragua no se ve siendo parte y cómplice de atropellos contra la soberanía, igualdad de los Estados y la dignidad de los pueblos.
El documento hace referencia al autodenominado “Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua” incluido en el tema dos de la agenda: Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del secretario general.
Firmado por el canciller Valdrack Jaentschke, el texto señaló que una vez más el referido consejo viola su propia normativa contenida en la resolución 62/51 aprobada el 15 de marzo de 2006.
Según Nicaragua, en ese documento se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización.
“El informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no lo reconoce, al igual que los informes anteriores, declaraciones, comunicados y actualizaciones de la Oficina del Alto Comisionado la ONU para los Derechos Humanos, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos”, resaltó.
Añadió que tales mecanismos cotidianamente instrumentalizan los Derechos Humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía.
De acuerdo con el texto, esos mecanismos se constituyen no solo en verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor del gobierno sandinista, sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense.
Al respecto, la cancillería afirmó que pretenden impedir el avance en educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad alimentaria, energía, agua y saneamiento, entre otros logros.
“El autodenominado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en la caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes en contra del pueblo nicaragüense”, enfatizó.
En ese sentido, resaltó la destrucción y daños incuantificables a la economía nacional, “los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de la ONU ha condenado y declarado ilegales por ser violatorias del Derecho Internacional”.
Con información de Prensa Latina
