El pasado martes fueron destruidas las lápidas de varias tumbas de pandilleros en el cementerio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Las tumbas tenían imágenes o símbolos relacionados con las estructuras delictivas.
“Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos”, escribió el viceministro de Justicia, Osiris Luna, en su cuenta de Twitter.
Según confirmó el Gobierno, fueron reos en la fase procesal de confianza, integrantes del programa penitenciario «Yo cambio», quienes destruyeron varias sepulturas en el cementerio de la ciudad tecleña, con órdenes de sus carceleros y de autoridades de Justicia.
A pesar de desecrar los sepultos, las autoridades aseguraron que los restos de los fallecidos continuarán en el mismo lugar; pero, sus familiares ya no podrán volver a colocar ningún mensaje o imagen relacionada con maras o pandillas.
El Estado no justifica sus actos, pero podría hacerlo con una reforma al Código Penal realizada el pasado mes de marzo por una Asamblea legislativa con amplia mayoría oficialista, la cual estableció penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes «elaboren, participen en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las diferentes agrupaciones». Igual sanción se aplica a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital que «reproduzcan o transmitan» mensajes de pandillas.
Sin embargo, en este caso, que se reproducen imágenes publicadas por oficiales de gobierno, no aplicaría sanción para este medio.
En varias jornadas, el gobierno ha utilizado a los reos en fase de confianza para el borrado de grafitis y así evitar que las pandillas pinten mensajes que generen temor entre la población.
Ahora, desecrando tumbas, el gobierno lleva su “guerra contra las pandillas” a los cementerios, ahora el gobierno deja claro a los pandilleros, sus familiares y deudos que ¡Ni muertos serán recordados!
