Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele ha transformado la política salvadoreña con una serie de medidas que han generado tanto admiración como preocupación. Su popularidad inicial, impulsada por su enfoque en la lucha contra la violencia y la corrupción, ha dado paso a un creciente autoritarismo que ha alarmado a observadores nacionales e internacionales.
Bukele, quien llegó al poder como un renovador político, rompió con su partido de gestación, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y fundó su propio movimiento, Nuevas Ideas.
Su ascenso fue visto como una esperanza para un país afectado por la violencia y la corrupción endémica. Sin embargo, su gestión ha sido cada vez más autoritaria y corrupta, con acciones que han erosionado las instituciones democráticas del país.
Uno de los primeros signos de su autoritarismo fue en 2019, cuando frustrado por la oposición de la Asamblea Legislativa a su entonces desconocido Plan de “Control Territorial”, rodeó el edificio legislativo con fuerzas armadas y entró escoltado por soldados. Este acto intimidatorio fue un claro mensaje de su disposición a ignorar las normas democráticas.
En 2021, Bukele y su partido lograron una victoria contundente en las elecciones legislativas, obteniendo una mayoría en la Asamblea. Desde entonces, ha implementado una serie de medidas que han socavado la independencia del poder judicial y otras instituciones clave. La destitución de jueces y fiscales, la reforma de leyes para remover jueces mayores de 60 años y la concentración de poder en manos del presidente han sido algunas de las acciones más controversiales.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el deterioro de la democracia en El Salvador. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido sobre el peligro de que Bukele esté terminando con el Estado de derecho y estableciendo un sistema de partido único. La situación en El Salvador ha sido comparada con la de países como Nicaragua y Venezuela, donde líderes autoritarios han utilizado el poder judicial para consolidar su control.
El ascenso de Nayib Bukele en El Salvador ha sido un viaje desde la esperanza renovadora, hasta el autoritarismo alarmante y desconsuelo popular. Mientras que algunos salvadoreños aprecian sus esfuerzos por reducir la violencia y la corrupción, otros temen por el futuro de la democracia en el país. La comunidad internacional debe seguir vigilando de cerca la situación y apoyar a los defensores de la democracia en El Salvador.
Como golpe de gracia a sus opositores, Bukele ordenó la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos en El Salvador, conocido como “deuda política” y esto tendrá varios efectos significativos:
- Autofinanciamiento de campañas: Los partidos de oposición ahora deben autofinanciar sus campañas electorales, lo que puede ser un desafío significativo, especialmente para aquellos con menos recursos y con la amenaza de cualquier ciudadano o empresa que decide colaborar serán víctimas de un escuadrón de investigadores de Hacienda.
- Transparencia y financiamiento privado: Se espera que los partidos busquen financiamiento privado, lo que puede aumentar la necesidad de transparencia y evitar la influencia de fondos oscuros, en especial del narcotráfico.
- Impacto en la competencia política: La eliminación de la deuda política puede afectar la competencia política, ya que el único partido con recursos, Nuevas Ideas, puede tener una ventaja sobre aquellos con menos capacidad financiera, es decir, «tigre suelto contra burro amarrado».
- Uso de recursos públicos: Los fondos que antes se destinaban a la deuda política ahora pueden ser utilizados en campañas de propaganda desde la Casa presidencial a favor de diputados y funcionarios públicos de Nuevas Ideas.
