El Tribunal Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a cinco figuras políticas y públicas por delitos relacionados con la negociación con estructuras de pandillas durante campañas electorales pasadas. Los condenados son el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, el analista y columnista Paolo Lüers, el exdirigente político Wilson Alvarado, y los exministros del FMLN Benito Lara y Arístides Valencia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados participaron en reuniones y acuerdos con líderes de pandillas entre 2014 y 2015, con el fin de obtener apoyo electoral a cambio de beneficios económicos y promesas de programas sociales.
El tribunal encontró culpables a los procesados por el delito de asociaciones ilícitas y, en algunos casos, fraude electoral.
- Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers y Wilson Alvarado fueron sentenciados a 18 años de prisión.
- Benito Lara y Arístides Valencia recibieron condenas de 28 años de cárcel.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un robusto conjunto de evidencias:
- Grabaciones de reuniones entre dirigentes políticos y líderes de la MS-13 y el Barrio 18.
- Testimonios de exlíderes pandilleros que participaron en las negociaciones.
- Documentos y registros que demostraron transferencias de dinero y entrega de beneficios.
Un caso emblemático
El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró tras la lectura del fallo:
“Hoy se demuestra que nadie está por encima de la ley. Estas condenas marcan un antes y un después en la forma en que la justicia salvadoreña persigue los pactos criminales entre la política y las pandillas”.
Reacciones de los condenados y sus defensas
Los abogados defensores anunciaron que apelarán el fallo, argumentando que se trató de un proceso “politizado” y que la Fiscalía no probó de manera concluyente los supuestos beneficios recibidos por las pandillas.
Por su parte, familiares y seguidores de los condenados manifestaron afuera del tribunal, denunciando que el juicio buscaba “ejemplificar y criminalizar” acuerdos que, según ellos, respondían a un contexto de violencia en el país.
Contexto: pactos bajo la lupa
Los llamados acuerdos con pandillas salieron a la luz pública en 2016, cuando se filtraron grabaciones en las que dirigentes del FMLN y ARENA negociaban con líderes de la MS-13 y Barrio 18. Estas revelaciones provocaron un escándalo político que alcanzó a figuras de distintos partidos y que abrió múltiples investigaciones judiciales.
La condena de Muyshondt, Lüers, Alvarado, Lara y Valencia se convierte así en el primer fallo de alto nivel contra actores políticos acusados de legitimar a las pandillas como actores de negociación electoral.
Impacto político
Analistas consideran que esta resolución podría redefinir el panorama político salvadoreño, pues abre la puerta a más procesos judiciales contra funcionarios y dirigentes que habrían mantenido vínculos con estructuras criminales. Desde 2014 se ha acusado por diversas fuentes negociaciones entre los Gobiernos Municipales y las presidencvias de Nayib Bukele con las pandillas en el mismo tono de las realizadas por los ahora convictos.
Bukele y las pandillas antes de llegar a la presidencia (2014–2017)
- 2014–2015: Alcaldía de Nuevo Cuscatlán
No hay pruebas públicas de contactos directos, pero ya desde esa etapa se señalaba que Bukele buscaba mantener control territorial con las pandillas para implementar proyectos sociales sin mayor resistencia. - 2015–2018: Alcaldía de San Salvador
- Reportajes de El Faro documentaron reuniones entre emisarios de Bukele y líderes de pandillas para permitir el acceso del FMLN a comunidades controladas, a cambio de beneficios locales (empleos temporales, permisos para transporte, proyectos comunitarios).
- En 2016, una investigación de la Fiscalía incluyó el nombre de Bukele en un informe sobre posibles negociaciones, aunque nunca se le abrió proceso judicial.
Presunta negociación ya en el Gobierno (2019–2021)
- 2019: Con la llegada de Bukele al poder, los homicidios comenzaron a caer drásticamente. El gobierno lo atribuyó al Plan Control Territorial, pero investigadores y medios empezaron a documentar otra explicación: pactos con las pandillas.
- 2020–2021:
- El Faro publicó documentos del sistema penitenciario que mostraban ingresos de emisarios gubernamentales a penales de máxima seguridad, donde se reunían con líderes de la MS-13.
- Se reveló que los acuerdos incluían: reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios (visitas, traslado de reos, mejoras en condiciones carcelarias) y posibles compromisos políticos de mediano plazo.
- El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó en 2021 a funcionarios del gobierno salvadoreño de haber negociado con la MS-13 para mantener la baja de homicidios.
El quiebre: la masacre de marzo de 2022
- Entre el 25 y 27 de marzo de 2022 hubo un repunte inusual de homicidios (más de 80 en un fin de semana).
- Según El Faro, esto ocurrió porque se rompió el acuerdo entre el gobierno y las pandillas.
- En respuesta, Bukele decretó el Régimen de Excepción, que ha continuado hasta hoy (más de 3 años), con la captura de más de 80,000 personas acusadas de vínculos con pandillas.
Situación actual (2023–2025)
- El Gobierno mantiene que la baja histórica de homicidios se debe únicamente a la mano dura y al Régimen de Excepción.
- Sin embargo, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Congreso de EE.UU. insisten en que hubo negociaciones previas entre 2019 y 2022.
- Analistas sostienen que, incluso si esas negociaciones existieron, fueron sustituidas por una estrategia de guerra abierta contra las pandillas a partir de 2022.
En síntesis:
- Bukele inició acercamientos con pandillas desde su gestión municipal en 2015, según investigaciones.
- Ya en el Gobierno (2019–2022), medios e investigaciones internacionales documentaron pactos que ayudaron a reducir homicidios.
- Tras la ruptura en 2022, el presidente optó por la vía represiva con el Régimen de Excepción.
