La fiscalía de Guatemala solicitó esta semana retirar la inmunidad del presidente Bernardo Arévalo para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18.
El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18 -declarada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala-, de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.
El Ministerio Público (MP – fiscalía) señaló en un comunicado que hizo la solicitud a la Corte Suprema al considerar que Arévalo cometió el delito de «incumplimiento de deberes» por la evasión.
La fiscalía general, dirigida por Consuelo Porras, ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto.
Arévalo carece de facultades legales para remover a Porras, cuyo mandato rige hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla, aún poniendo en duda la legalidad en Guatemala.
La nueva petición de retiro de inmunidad, que alcanza también a la vicepresidenta Karin Herrera, fue presentada porque «existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas» en el sistema penitenciario, agregó la fiscalía.
El gobierno de Arévalo, en un mensaje enviado a periodistas, calificó la solicitud como «otro intento ridículo por parte» de la Fiscalía encabezada por Porras.
«Como es costumbre, (la Fiscalía) enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción», afirmó.
Por la fuga, el presidente destituyó al ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, y nombró como sustituto al juez de carrera Marco Antonio Villeda.
Al asumir el cargo el 17 de octubre, el nuevo ministro pidió apoyo a Estados Unidos, que calificó de «inaceptable» el escape, para que el FBI participe en la recaptura de los pandilleros, pues hasta el momento solo han sido detenidos cuatro de los fugados.
Además, el Ejecutivo anunció la construcción de una cárcel solo para pandilleros, con tecnología biométrica y bloqueadores de la señal de telecomunicaciones, debido a que la mayoría de llamadas telefónicas para extorsionar salen de las prisiones.
A raíz de la fuga, el 21 de octubre el Congreso guatemalteco declaró a las pandillas como organizaciones «terroristas» y elevó las penas de cárcel contra sus integrantes.
