La organización de la sociedad civil Movir (Movimiento de Víctimas del Régimen) emitió una dura crítica contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, acusándola de ser una «tapadera» (encubrir) de las presuntas violaciones a los derechos humanos que, según la organización, se han cometido en el país.
La acusación de Movir no es un hecho aislado; se suma a una serie de críticas que la PDDH ha recibido por su aparente falta de acción y de pronunciamientos contundentes frente a denuncias de abusos. La organización de víctimas, que ha documentado casos de presuntas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otros abusos en el marco del régimen de excepción, sostiene que la inacción de la Procuraduría ha dejado desamparados a decenas de miles de salvadoreños.
«La Procuradora no solo ha fallado en su deber de proteger a las víctimas, sino que su silencio y su falta de respuesta la convierten en cómplice de las violaciones de derechos humanos,» declaró Samuel Ramírez, coordinador de Movir, en una rueda de prensa. «La PDDH se ha convertido en una simple oficina burocrática que ignora las súplicas de las familias y de la sociedad civil.»
Los críticos de la Procuraduría señalan que su labor se ha limitado a emitir comunicados tibios y a realizar gestiones discretas que no han tenido un impacto significativo en la situación de las personas afectadas. Argumentan que la institución, que por ley debe ser un contrapeso y una voz de alarma frente a los abusos del poder, ha cedido su independencia en favor del oficialismo.
La PDDH, por su parte, ha defendido su gestión, afirmando que su trabajo se realiza con base en la ley y en el marco de sus atribuciones. La Procuradora ha insistido en que su enfoque es el de la «diplomacia silenciosa», buscando soluciones a los casos de forma privada para evitar la confrontación política, pero esta postura ha sido vista por la oposición y por organizaciones de derechos humanos como una excusa para la inacción.
La controversia generada por las acusaciones de Movir pone de manifiesto una profunda crisis de confianza en una de las instituciones clave para la defensa de los derechos en El Salvador. La sociedad civil, al ver que la vía institucional no funciona, se ve obligada a buscar otras formas de visibilizar las denuncias, lo que podría tener consecuencias para la estabilidad social y política del país.
