El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, guardó distancia por la supuesta decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de negar la extradición de uno de los militares implicados en la masacre de 5 jesuitas españoles en 1989 y se limitó a decir que “respetamos” esa decisión.
Hasta ahora, la resolución de no acceder a la petición de extradición por parte de España no ha sido firmada por quienes la suscribieron por lo que adolece del acto procesal de comunicación a que obliga la ley.
La Corte Suprema de Justicia, en Pleno, negó la extradición a España de uno de los cuatro militares detenidos por la muerte de cinco jesuitas españoles en 1989, y la decisión sobre otros tres uniformados está “en la misma ruta”, aseguró a periodistas el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.
“Nosotros respetamos las decisiones que toman los diferentes órganos de Estado”, dijo escuetamente el ministro en una conferencia de prensa.
De acuerdo a la información que se le atribuye al magistrado Ramírez Murcia, la Corte Suprema de Justicia habría acordado que el coronel Guillermo Benavides, luego de decidir no enviarlo a España, debe pasar a un centro penal a cumplir la pena de 30 años impuesta en un juicio realizado entre 1991 y 1992, y de la que solo cumplió una parte hasta que fue amnistiado en 1993.
Un escuadrón del ex batallón élite Atlacatl del Ejército asesinó el 16 de noviembre de 1989 a los jesuitas españoles, considerados líderes intelectuales de la entonces guerrilla, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López durante la ofensiva militar “Hasta el tope” lanzada por la guerrilla del FMLN en el marco del conflicto armado (1980-1992).
La guerra enfrentó al Ejército, que defendía la institucionalidad del país y la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, se saldó con al menos 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
