Siete militares implicados en el asesinato de los jesuitas denunciaron ser víctimas de persecución política y dijeron que han presentado un recurso de Exhibición Personal ante la Corte Suprema de Justicia para evitar ser capturados y extraditados a España.
Entre los siete militares, figuran el ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el ex jefe de la fuerza aérea Juan Rafael Bustillo y el ex viceministro de defensa Juan Orlando Zepeda quienes rechazaron en un comunicado de prensa los cargos que les imputan diversas organizaciones vinculadas con la izquierda nacional e internacional-
Los militares ocupaban altos cargos castrense cuando los jesuitas fueron asesinados en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en medio la ofensiva guerrillera el 16 de noviembre de 1989 lanzada por los entonces marxistas leninistas del Frente Farabundo Martí, partido que ahora gobierna El Salvador.
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura para los 17 militares salvadoreños ignorando que los responsables materiales, un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón Atlacatl, fueron juzgados y condenados por los tribunales salvadoreños.
Los acusados fueron favorecidos luego con una ley de amnistía que también dejó libres de responsabilidad a guerrilleros izquierdistas que ahora gobiernan en puntos clave de la administración de Salvador Sánchez Cerén.
La Sala de lo Constitucional se apresta a resolver sobre un Recurso de inconstitucionalidad de esa ley de amnistía.
Los militares aseguran ser víctimas de una “clara persecución política”, la que consideran sin razón jurídica, moral, ni muchos menos humanitaria, razón por la que han acudido para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando exibición personal..
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