El operador de la mayor red ferroviaria de México –FERROMEX- suspendió la actividad de 60 trenes de carga ante el flujo de miles de personas migrantes que utilizan esos vehículos para alcanzar la frontera con Estados Unidos, anunció la empresa.
Unas 4.300 personas permanecen sobre las locomotoras o en los patios de operaciones de FERROMEX en ciudades como Torreón, Irapuato, San Francisco de los Romo o Chihuahua, a lo que se suman accidentes fatales en días recientes, señaló la compañía en un comunicado.
Durante años, miles de personas migrantes de distintas nacionalidades han usado las redes de trenes de carga de México -una de ellas conocida como La Bestia o el Tren de la Muerte– para cruzar el país rumbo a la frontera norte, donde solicitan asilo o cruzan de forma irregular. Muchas de estas personas terminan muertas o amputadas al caer accidentalmente del techo.
«Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, FERROMEX tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes», indicó el reporte.
La compañía no detalló qué porcentaje de su operación se afecta por esta medida de carácter temporal, aunque sostuvo que los 60 trenes tienen una capacidad de carga equivalente a la de 1.800 camiones.
También, informó que aguarda medidas de las autoridades para resolver la situación y advirtió que el paro de actividades, del cual ya informó a sus clientes, impactará las «cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional». La red que opera FERROMEX cubre 10.000 km de vía en las principales zonas industriales y de consumo de México, conectando internacionalmente con «ocho puertos y seis cruces fronterizos», de acuerdo con su sitio web.
El flujo de personas migrantes hacia Estados Unidos es incesante, pese al endurecimiento de las medidas de Washington para contener o regularizar su ingreso.
Desde mayo de 2023, las personas que cruzan de forma irregular la frontera se exponen a ser expulsadas, deportadas o vetadas para ingresar nuevamente a territorio estadounidense por un período de cinco años, además de ser procesadas penalmente por reincidencia.
Estas medidas forman parte del denominado Título 8, vigente desde hace varios años y que cobró relevancia luego de que el Gobierno de Joe Biden derogara el Título 42, norma adoptada por su antecesor, Donald Trump, para evitar la propagación del COVID-19, pero que en la práctica sirvió para expulsar a casi todas las personas migrantes que llegaban sin papeles.
El 18 de septiembre, varias personas resultaron lesionadas cuando miles de migrantes, en su mayoría de origen haitiano, intentaron ingresar a la fuerza a la oficina de migratoria de Tapachula (sur) para exigir la entrega de permisos de tránsito.