Por Eduardo Vázquez Becker.- Hace ya varios días, desde que el expresidente Mauricio Funes Cartagena, denunció desde NIcaragua, nuevos casos de supuesta corrupción por parte de Douglas Meléndez cuando era Fiscal General de la República; sin embargo, de la boca del actual jefe de la FGR, Raul Melara, no ha salido ni siquiera un “pio”.
La denuncia es grave, no porque lo diga Funes, sino porque trasladar en pocas semanas, !Óigase bien! en pocas semanas!, más de dos millones de dólares, de la cuenta de la Unidad Financiera de la FGR, a una cuenta personal de Meléndez, es más que suficiente para que haya un proceso penal contra el mencionado ex fiscal. No hacerlo puede costarle caro a Raul Melara.
Decimos que no hacerlo puede resultar muy caro al fiscal Melara porque las cosas son así, Si toma cartas en el asunto de inmediato, independientemente de que sea cierto o no lo que dice Funes, el fiscal estará cumpliendo con su obligación de investigar y serán los tribunales quienes digan la última palabra; pero si no lo hace, o lo hace muy tarde, muy pocas personas; quizás solo las de su círculo más íntimo, pondrían en duda que hubo complicidad con Meléndez y entonces le tocarán las golondrinas; lo que hasta ahora no me parece que sea muy justo, habida cuenta de que los problemas que tienen maniatada a la institución, no son problemas de la administración de Melara sino de su antecesor Douglas Arquímedes Meléndez.
Sin embargo, la ley es dura como dice el aforismo y si Melara no se pone las pilas, tarde o temprano tendrá que afrontarla sino toma las decisiones correspondientes.
Lo que hay que hacer no es cosa de otra vida; ni nada difícil, por el contrario, es !facilísimo!; basta conque el señor Fiscal tome nota de los supuestos comprobantes bancarios, filtrados y expuestos en la cuenta twitter del ex mandatario Funes y pida informe al banco operador para determinar su veracidad y proceder al enjuiciamiento del ex fiscal Meléndez. Una vez hecho este trámite habrá que informar a la ciudadanía si los documentos filtrados por Funes son falsos o verdaderos. No exageramos si decimos que de esa actitud depende el futuro político del fiscal y también del expresidente Mauricio Funes. Si los documentos resultaran ser falsos , Funes se habría pinchado como el más asqueroso de los alacranes, lo que sinceramente, nos haría a muchos muy felices.
Pasando a otra cosa, pero siempre con la temática de los problemas estructurales de la FGR y que Melara parece no querer ver, es el del caso corruptela, armado por el ex fiscal Douglas Meléndez con dedicatoria especial para el empresario salvadoreño Enrique Rais y el también ex fiscal Luis Martínez sobre los cuales montó su elección en la Asamblea Legislativa y que luego usó para llevar a cabo su proyecto de reelección que afortunadamente no prosperó.
Meléndez y su pandilla cometieron cuanta tropelía se pueda imaginar, con tal de mantener al empresario Rais lejos de su país de origen, lejos de sus familiares y sus amigos, para favorecer a su competencia desleal, competencia vinculada a la mafia italo canadiense que ha pretendido deshacer, por medios ilegales, un negocio legítimo en el que Rais corrió grandes riesgos pero que, al final, convirtió en una empresa floreciente que ahora le quieren arrebatar y que encontró en Meléndez su mejor representante. Esa historia está a punto de terminar.
En ese proceso “cuña”, a la fiscalía no le ha ido muy bien que se diga. Fiscales de la misma institución han reconocido, como en un cuento de terror, cómo se han falseado pruebas, cómo se ha abusado de la figura del testigo criteriado y cómo se ha violado la ley de Intervenciones telefónicas. Corruptela también se va a caer.
Prueba de lo que anunciamos es el dictamen de acusación presentado la semana pasada; parecería que los fiscales se están burlando de la justicia y de sus administradores. Conocido es que para que la acusación fiscal contribuya a que los jueces dispongan de por lo menos de un catálogo de hechos; definidos concretamente, que demuestren la culpabilidad del imputado, es necesario que se prescinda de valoraciones sin asidero legal. En esa línea, la acusación debe formularse en términos unívocos, inequívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin al proceso.
Nada de eso hay en los miles de folios a los que los fiscales a cargo del caso corruptela, llaman dictamen de acusación, el fiscal general lo sabe y si no lo sabe es porque no lo ha leído.
El dictamen de acusación contra los imputados del caso corruptela no lo aceptaría ningún juez que se precie de respetar la ley. Es la repetición, una y mil veces, de hechos sobre los que ya se han manifestado sin aportar prueba fehaciente alguna, de escasa o nula significación jurídica en la que confunden los planos fáctico y jurídico; plena de generalizaciones o abstracciones: con relatos imprecisos y desordenados de hechos atribuidos a los imputados. No han podido demostrar la existencia de hechos a los que el derecho pueda atribuir consecuencias jurídicas. Sería bueno que el Consejo al que se refiere la Ley Orgánica de la Fiscalia General de la República y el fiscal Raúl Melara, se convocaran y comprobaran lo que aquí estamos tratando de explicar. Siempre hay un tiempo para la rectificación.
Las reformas que la fiscalía ha pedido a su presupuesto y a su ley orgánica pueden esperar. Los problemas del MP deben ser vistos desde otra perspectiva ya que de este depende que el país se desarrolle dentro de un ámbito de respeto al Estado Constitucional de Derecho y del debido proceso. Melara no puede permitir que casos en los que se ha demostrado, hasta el hartazgo, que fueron manipulados con pruebas falsas, prefabricadas u obtenidas ilícitamente, por la pandilla de Meléndez, sigan siendo la piedra en el zapato de la justicia.
Tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, los fiscales deben adecuar sus actos a criterios objetivos, velando por la correcta aplicación de la ley que les mandata investigar, no sólo los hechos y circunstancias en que se funde la responsabilidad del imputado o los que la agraven, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen. No hacerlo es parcializar la justicia en detrimento de la constitución y los tratados internacionales.
Sabemos que el fiscal está trabajando duro, se le nota en el semblante a veces desencajado que revela su cansancio, pero esos los gajes del oficio. El fiscal de hace un año no es el fiscal de ahora, eslo también debe preocuparle; si no quiere creerle al amigo que le habla con honestidad; pregúntese usted mismo o pregúntele a sus seres queridos, ellos le dirán la verdad.
Finalmente, recordarle al fiscal Melara que los ojos de la nación están observando; todavía es tiempo de que las manzanas podridas, como él mismo ha llamado a los fiscales corruptos, abandonen la fiscalía; que los haga salir sin reservas de ningún tipo, a manera de escarnio, para que generaciones venideras se sientan orgullosas de ser los garantes de la legalidad y no puedan decir que hubo complicidad con el ex fiscal Douglas Melendez. Cerciórese de que los documentos filtrados por el nicaragüense Mauricio Funes sean falsos o verdaderos y de ser los verdaderos, traigalo a como de lugar. Revise detenidamente el dictamen de acusación respecto del caso corruptela y rectifique, que rectificar es cosa de hombres.
