Magistrados y jueces dicen que reforma a Ley de la Carrera Judicial es inconstitucional

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El plantel de magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz rechazaron este miércoles la reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada el martes, ha cual, dijeron, es inconstitucional.

Los jueces dijeron en un comunicado dado a conocer en el Centro Judicial Isidro Menéndez, que la ley fue aprobada con dispensa de trámite. En las reformas aprobadas a la ley se ordena el retiro de jueces a partir de que cumplan de 60 años de edad o 30 años en funciones.

Los magistrados y los jueces asegurar que las reformas son inconstitucionales alegando que la Asamblea Legislativa carfece de iniciativa de ley para esos efectos tal como lo señala el artículo 133 ordinal 3 de la Constitución de la República, y por la inexistencia de fundamento a la dispensa de trámite.

El juez de primera instancia, José Alberto Franco, dio lectura al comunicado en el que aseguran que los jueces recurrirán a las instancias legales respectivas, nacionales e internacionales, para evitar que se vulnere el Estado de derecho.

Los jueces afirman que con la reforma aprobada “se vulnera la independencia judicial” en el país, y se violan derechos constitucionales como “el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica”.

“Se ha producido violación de derechos constitucionales consolidados, como el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica de los funcionarios judiciales”, afirman los jueces en el documento.

Ayer, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de obligar a magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz, así como a fiscales que cumplan más de 60 años de edad o 30 de carrera sean obligados al retiro. Sin embargo, esto no aplicará en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el decreto aprobado. 

Las reformas, entre otras cosas, otorgan al fiscal general la potestad para “el ingreso, contratación, ascenso, traslados, renuncias o remoción de funcionarios” de la institución.

El ex fiscal Raúl Melara reconoció públicamente la presencia en la FGR de fiscales a los que llamó “manzanas podridas” con la promesa de que iba a resolver ese problema pero pronto se acomodó al sistema y nunca volvió a mencionar el caso.