El fiscal General de la República, Luis Antonio Martínez, dijo este martes que buscará la reelección para un nuevo periodo al frente del Ministerio Público. Dicho cargo se decide mediante elección de segundo grado en la Asamblea Legislativa y requiere de votación calificada de dos tercios de los diputados que la integran, es decir de 56 votos.
Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas cualidades que para ser magistrado de las Cámaras de Segunda Instancia.
Martínez se ha desempeñado como Fiscal General desde diciembre del 2012 por lo que el periodo, para el que fue electo por unanimidad, vencerá dentro de siete meses.
Al Fiscal actual le ha tocado conocer de casos emblemáticos que lo han convertido en blanco de controversias de parte de algunas personas y organizaciones que han pretendido confundir a la opinión pública según la opinión de otros grupos y personas que califican como satisfactorio el trabajo realizado por Martínez.
Entre los casos emblemáticos que le ha tocado conocer al actual fiscal figuran el conocido como La Diego de Holguín, el de la Cel-Enel, el del ex presidente Francisco Flores, y el del “Chaparral”, que sectores interesados han convertido en “casos políticos” para generar confrontaciones entre esos grupos organizados y el Fiscal General.
Al ser cuestionado por la prensa sobre las razones para buscar su reelección Martínez se limitó a mencionar “su buen trabajo”; sin embargo ofreció ampliar al respecto luego de informar sobre su Memoria de Labores de este año a la Asamblea Legislativa.
Martínez ha sido el más crítico de los funcionarios de Estado respecto a la famosa tregua de pandillas a las que calificó desde un principio como “una tregua hipócrita” debido a que los crímenes cometidos por estas continúan siendo el mayor problema social del país, lo que le llevó a enfrentamientos tanto con los “facilitadores” de la tregua como con las autoridades del ministerio de la Defensa y de Justicia y Seguridad Pública.
El Fiscal aprovechó una conferencia de prensa improvisada este martes para referirse al caso del ex presidente Flores.
Martínez informó a la prensa que una correspondencia procedente de las autoridades de las Bahamas que traía información clasificada sobre el caso venía abierta, asegurando que la misma fue vulnerada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por lo que se ha emprendido una investigación en su contra.
El jefe del MP dijo que actualmente se está investigando la procedencia de unas granadas de uso militar en manos de pandilleros en el departamento de Cuscatlán así como el uso de armas privativas de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Martínez aseguró que el pasado fin de semana se capturó a una persona que traficaba fusiles AK-47, pero no brindó más información al respecto. Agregó en tono enfático que quienes están suministrando armamento a las pandillas serán capturados.
Las declaraciones del Fiscal General de la República provocaron de inmediato las reacciones del ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien descartó que las granadas pertenezcan a los inventarios de la FAES.
Munguía se apresuró a decir que las granadas, así como algunas de las armas que han sido incautadas a las pandillas datan de los años 80.
“Tenemos información que las granadas fueron compradas en América del Sur para ser utilizadas en la época del conflicto”, dijo Munguía.
