Dos de los testigos, con régimen de protección, que utiliza la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso contra Sigfrido Reyes, dijeron a fiscales que cuando notificaron a sus superiores de deficiencias encontradas en una auditoría realizada a la Asamblea Legislativa, recibieron amenazas de la entonces diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña.
Las amenazas fueron advertidas a los auditores a través del presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Marcos Gregorio Sánchez Trejo, aseguraron.
Según los testigos clave “Halcón” y “Angie”, Sánchez Trejo les dijo que la junta directiva del primer órgano de Estado “le había llamado la atención”.
Incluso les habría dicho que la señora Peña (Lorena Peña) les mandó a decir: “que si no habían conocido el poder, que hoy lo iban a conocer”.
En un testimonio poco verosímil, el mismo Sánchez Trejo les dijo a los ahora protegidos que “antes que cayera la cabeza de él, iba a caer la cabeza de ellos”.
Según los fiscales, la reunión habría ocurrido el 24 de abril de 2012 en el despacho de Sánchez Trejo en la CCR y participaron, además de él, la ahora acusada Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo -entonces sub directora de auditoría y supuestamente persona de confianza de Sánchez- y todos los auditores que integraban el equipo de auditoría asignado a la Asamblea Legislativa.
La FGR ha sido criticada de manera reiterada por utilizar personas que son accesorio de delitos y algunos delincuentes como «testigos criteriados» con tal de conseguir testimonios que les ayude, ante la ausencia de pruebas de cargo, a cualquier costo, a conseguir condenas contra algunos imputados, ya sean culpables o inocentes.
La líder efemelenista Lorena Peña reaccionó en su cuenta de Twiiter, negando las acusaciones y tildando de «otra súper mentira» los señalamientos.
La exdiputada del FMLN, Lorena Peña, fue presidente de la Asamblea Legislativa desde mayo del 2015 hasta noviembre del 2016.
Líderes y diputados del FMLN se han pronunciado acusando al gobierno y a la FGR de persecución política contra sus «camaradas».
Sigfrido Reyes y 13 personas son acusadas por la Fiscalía General de la República de lavar $6.5 millones.
