Lina Pohl: Propuesta de ley de agua es “decepcionante”

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, asegura que ley de agua propuesta por los partidos de derecha, ARENA, GANA, PCN y PDC, en la Asamblea Legislativa “Es irracional”. Según la funcionaria la propuesta hecha por los mencionados  partidos incluye la creación de un ente que involucra a la empresa privada.

“Yo voy a usar la frase que alguien usó en algún momento, y esta vez, a diferencia de lo que pasó con la Ley de Minería, el oro le ganó al agua”, manifestó la ministra, quien agregó que la ley “es totalmente decepcionante” y dista mucho de las discusiones y conclusiones que se obtuvieron con especialistas internacionales que ayudaron a formular el anteproyecto de ley presentado en 2012 en el Congreso por el anterior ministro de Medio Ambiente, Hernán Rosa Chávez, y aún pendiente de aprobación.

La Ministra de Medio Ambiente explicó que la propuesta de la oposición plantea la participación de dos representantes del sector privado y uno público, y representantes locales que están en función de partidos políticos. “No estoy utilizando la palabra ‘privatización’, estoy diciendo que en esa autoridad hídrica la mayoría son privados, cuando digo privados es que no es el sector público, el gobierno que la gente elige”, aclaró.

Uno de los puntos álgidos de la propuesta de la ley de aguas es el control de las tarifas por servicio del vital líquido, por ahora en manos de la autónoma Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA.

Pohl añadió que “un recurso tan importante para el país como es el agua no puede estar privada” y recalcó que “en ningún país del mundo el recurso más estratégico, que es el agua, está en manos de los privados”.

A criterio de las organizaciones no gubernamentales que respaldan a la ministra Pohl, la propuesta fue “elaborada a la medida de los mezquinos intereses de la gran empresa privada y busca convertir al vital líquido en mercancía”.

Las organizaciones proponen que “el país entero luche por una ley de agua que garantice el acceso al vital liquido como un derecho humano, la protección de los acuíferos y cuencas, la descontaminación de los ríos y quebradas y la participación comunitaria en la gestión pública de los recursos hídricos”.