La ley de contrataciones públicas promulgada por los diputados de Nuevas Ideas (NI) “obstaculiza la rendición de cuentas” de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, según Transparencia Internacional.
El Salvador cayó nueve puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC) desde 2015, según la organización internacional, el actual IPC de El Salvador es de 30/100.
En el documento se indica que la nueva ley de contrataciones públicas en El Salvador “limitó el acceso público a la información, permitiendo una mayor discrecionalidad a las personas tomadoras de decisiones y obstaculizando la rendición de cuentas en la adquisición de bienes y servicios públicos”.
Transparencia Internacional hace referencia a la Ley de Compras Públicas (LCP) de El Salvador que fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa en enero de 2023 y entró en vigencia en marzo de ese año.
Esta normativa sustituye a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y, según diversas organizaciones no gubernamentales de El Salvador, fue aprobada “sin aportes técnicos y de forma apresurada”.
La Ley de Compras Públicas excluye a la mediana y pequeña empresa, algo que contemplaba la Lacap, señaló en su momento la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Esta ley contiene 192 artículos y “establece las normas básicas que regularán el ciclo de la compra pública, compuesto por la planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación de las contrataciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la administración pública deba realizar para la consecución de sus fines, encaminada al uso eficiente de los recursos del Estado”.
El informe sobre el IPC 2024 publicado por TI revela la presencia de “niveles graves de corrupción en todo el mundo”, donde más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre 100, según esa ONG, que destaca que el promedio global en el índice se mantiene sin variaciones en 43 puntos, lo que pone de manifiesto la necesidad de aplicar “medidas urgentes contra la corrupción” pues podría convertirse en un “obstáculo global crítico” contra acciones climáticas efectivas.
