Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador va más allá que la de EE.UU
Un conversatorio internacional volvió a poner bajo la lupa una de las leyes más controvertidas del gobierno de Nayib Bukele. Expertos señalan que la norma salvadoreña va mucho más allá de su equivalente estadounidense y ha producido ya un éxodo documentado de periodistas y organizaciones civiles
En el marco del conversatorio convocado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Jocelyn Nieva, asesora legal sénior del Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro (ICNL), fue categórica: la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador es muy diferente a la estadounidense FARA. «La ley norteamericana no prohíbe ninguna actividad, pero la de El Salvador, sí.»
La distinción no es menor. La ley FARA de Estados Unidos, con la que el gobierno salvadoreño comparó su norma al presentarla, es esencialmente un mecanismo de transparencia: obliga a declarar, no a pagar ni a restringir actividades. La ley salvadoreña, en contraste, impone cargas financieras que organizaciones de la sociedad civil han calificado de confiscatorias.
La propia APES documentó que la ley no aclara si el impuesto actual del 10% sobre las donaciones se sumará al nuevo impuesto, «lo que aumentaría aún más la carga financiera y la haría comparable a una confiscación de facto.»
El éxodo que la ley produjo
Los efectos sobre la prensa y la sociedad civil son ya un hecho consumado y documentado internacionalmente.
La Asociación de Periodistas de El Salvador anunció en octubre de 2025 que decidió trasladar su personería jurídica a otro país de la región «para poder continuar defendiendo los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa», luego de cerrar sus oficinas debido a las restricciones que impone la Ley de Agentes Extranjeros.
La APES reportó que entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2025, 43 periodistas salieron del país y muchos de ellos no regresaron «por temor a ser detenidos bajo cualquier justificación espuria como ha sucedido con algunos defensores de derechos humanos.» La organización advirtió sobre un riesgo inmediato de experimentar un «apagón informativo» por la falta de profesionales independientes.
La APES señaló que tiene más de un año intentando obtener credenciales de junta directiva en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación, «y aún lo seguirá haciendo», como parte de una estrategia de resistencia institucional frente al cierre deliberado del espacio cívico.
El contexto regional
El caso salvadoreño no es aislado en el hemisferio, pero sí es uno de los más documentados. Leyes similares han sido adoptadas en Nicaragua y Venezuela como herramientas de control de la sociedad civil, siendo cuestionadas sistemáticamente por organismos interamericanos de derechos humanos. La diferencia con esos casos, argumentan los críticos, es que El Salvador aplica estas restricciones mientras proyecta internacionalmente una imagen de país seguro y democrático.
