La deuda del Estado de El Salvador con los fondos de pensiones de los trabajadores superó en abril los 10 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).
Los datos indican que durante el primer cuatrimestre de 2024 el Gobierno habría tomado más de 500 millones de dólares, dado que la deuda pasó de 9,494,57 millones en diciembre pasado a 10,012,16 millones en la actualidad.
Estos recursos, que el Gobierno supuestamente usa para el pago de pensiones de los jubilados del sistema abandonado a finales de la década de 1990, fueron tomados mediante los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
Estos son títulos valores que emite el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y que las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), están obligadas a tomar.
Estos CFT suman desde abril de 2023 un total de 1,615,88 millones de dólares, a los que se suman los 8,396,28 millones de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por 4 años, desde la reforma aprobada por el Congreso a finales de 2022.
La compañía financiera inglesa Barclays publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de «que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales».
Actualmente, la edad de jubilación en El Salvador es de 55 años para las mujeres y de 60 años para los hombres y, al menos hasta marzo de 2023, únicamente cotizaban para su jubilación 859,189 personas.
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores «no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada 4 personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional».
