El gobierno de Donald Trump informó a un juez federal que el salvadoreño Kilmar Ábrego García fue movido a la cárcel de menor seguridad de Santa Ana. Ábrego fue deportado erróneamente a su país natal, desde el estado de Maryland, donde vivía con su esposa y encerrado en la controvertida megaprisión CECOT donde había estado recluido con presuntos pandilleros acusados, pero no condenados.
Según un comunicado, en el que no se explicaba el motivo del traslado, Ábrego García informó personalmente de su traslado al senador estadounidense Chris Van Hollen cuando el demócrata de Maryland visitó El Salvador el 17 de abril.
“Ábrego García dijo al senador Van Hollen que había sido ubicado en el edificio administrativo del Centro Industrial, en una habitación con cama y muebles, y que no estaba en una celda”, según el funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak, que ha estado proporcionando información actualizada a un juez estadounidense que supervisa el caso.
Ábrego García ha estado en el centro de una tormenta política que comenzó cuando el presidente Donald Trump invocó una ley de guerra, de inusual uso, que ordenaba unilateralmente la expulsión de pandilleros venezolanos acusados, incluso cuando un juez ordenó verbalmente que dos aviones que transportaban al grupo dieran la vuelta. El gobierno admitió más tarde que Ábrego García fue deportado con el grupo debido a un “error administrativo”, pero se ha resistido a solicitar su regreso.
Los abogados de Ábrego García no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Su esposa, Jennifer, que es ciudadana estadounidense, emitió un comunicado elogiando a otros cuatro congresistas demócratas que llegaron a El Salvador para ver a su marido.
“Estamos especialmente preocupados por la salud de Kilmar y esperamos recibir noticias al respecto de la visita”, dijo. “Su presencia envía un poderoso mensaje: la lucha para traer a Kilmar a casa no ha terminado”.
La semana pasada, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos denegó la moción de emergencia de la administración Trump para detener el esfuerzo de un juez federal para facilitar el regreso de Ábrego García, diciendo que la conducta del Departamento de Justicia era chocante para el “sentido de la libertad” de los estadounidenses. La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis, que está supervisando el caso en un tribunal inferior, está buscando pruebas de amplio alcance del gobierno sobre por qué no ha buscado el regreso de Ábrego García.
La Corte Suprema también ha intervenido, dictaminando anteriormente que los miembros de la banda Tren de Aragua acusados deben disponer de un “plazo razonable” para impugnar su deportación ante un tribunal federal, y que Estados Unidos debe tomar medidas para “facilitar” el regreso de Ábrego García. Muchos de los detenidos dicen que no son pandilleros, y sostienen que Trump no puede deportarlos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En otro caso, el pasado sábado por la mañana, una Corte Suprema dividida bloqueó temporalmente a la administración Trump la deportación de un grupo de venezolanos, concediéndoles un indulto para evitar su inminente envío a El Salvador.
