El juez Primero de Paz de Santa Tecla, habría recomendado a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar a un medio electrónico por supuesta violación a la reserva impuesta por el juzgador en el caso del “Gordo Max”.
El funcionario judicial llevó a cabo el sábado pasado la audiencia inicial en la que se ordenó detención para los acusados de remunerar económicamente los servicios sexuales de menores de edad y por lo que estos fueron, salvo uno de ellos, enviados al Centro Penal “La Esperanza” en Mariona.
El conocido locutor y director de programas de televisión, Alejandro Maximiliano Gonzalez, “El Gordo Max”, está siendo juzgado por el delito de remuneración de actividades sexuales con menores de edad. Junto a González están siendo juzgadas tres personas más.
El funcionario, sin referirse específicamente al medio electrónico donde se violó la reserva establecida durante la audiencia inicial, dijo que se había dirigido a la Fiscalía General de la República recomendando “que se investigue a un diario electrónico” por haber revelado datos de una de las víctimas en este proceso relacionada a otro juicio vinculante que también tiene reserva total.
En las redes sociales trascendió que el miércoles pasado se publicó en la Revista Factum, un reportaje responsabilizado por el periodista Héctor Silva Ávalos, con el título de “La triste historia de Natalia y sus verdugos desalmados” donde se detallan pormenores de las víctimas menores de edad. Silva Ávalos radica en los Estados Unidos pero la revista en mención es propiedad del empresario Adolfo Salume. Desde su cuenta de Twitter Silva twiteó a sus seguidores recomendando la lectura del artículo.
En el artículo da a conocer con lujo de detalles cómo una niña de 13 años, a quien identifica con el nombre de Natalia, es la misma que en 2014 declaró en la Fiscalía General de la República, que Alejandro Maximiliano González, el “Gordo Max”, era uno de sus clientes.
El artículo de Factum asegura que “Natalia” comenzó a prostituirse a partir de 2011 con dos de los ahora acusados, cuando ella trabajaba en salones de belleza, moteles, prostíbulos y en las calles de San Salvador.
A Silva Avalos se le suele mencionar como integrante y cabeza visible de una estructura de informadores al servicio del empresario y político Adolfo Salume, cuyos intereses empresariales lo mantienen enfrentado a otros empresarios que lo acusan de competencia desleal. Silva encara en el juzgado de Instrucción de Santa Tecla, un proceso por difamación y calumnia en perjuicio del también empresario Enrique Rais, quien lo ha acusado “falsear” información ante autoridades de los Estados Unidos con el fin de causarle daños económicos.
La revista Factum y otras publicaciones afines a ese medio, publicaron sendos reportajes en los que pretendían involucrar a Rais con actividades de narcotráfico en los EEUU, cosa que fue desmentida poco después por esas mismas autoridades. Los reportajes se aseguraban que en aviones de Rais, estaciónados en La Florida, Estados Unidos, se encontraron rastros de drogas sin que esto pudiera verificarse por las autoridades.
Esta sería la primera vez en que un juez de Paz solicite a la FGR una investigación de esa naturaleza ya que, por lo general, los funcionarios temen involucrarse en temas relaciones con la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión.
Abogados que integran la defensa técnica de algunos de los acusados junto al “Gordo Max” son de la opinión que Silva Avalos, al publicitar en su twitter reportajes como el destacado en la revista Factum, podría haber incurrido en el delito de apología del crimen, especialmente por el relato detallado que se hace de las menores que supuestamente fueron abusadas y explotadas sexualmente y que se acostaron con consentimiento o engaños, con varios personajes de la vida pública de El Salvador.
