Juez ordena a Trump el regreso a EE.UU de venezolanos deportados al CECOT en El Salvador
Un juez federal de Estados Unidos ordenó el jueves a la administración del presidente Donald Trump facilitar el regreso a territorio estadounidense de decenas de ciudadanos venezolanos que fueron deportados en 2025 y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad en El Salvador, por falta de debido proceso.
La decisión, emitida por el magistrado James Boasberg, representa un revés significativo para la política migratoria de deportaciones masivas del gobierno estadounidense, y se fundamenta en que las personas afectadas no tuvieron la oportunidad de impugnar adecuadamente su expulsión ante un tribunal.
El fallo obliga al Ejecutivo a proveer los medios necesarios para que los venezolanos que así lo deseen puedan regresar a Estados Unidos para continuar sus procesos migratorios, incluidos mecanismos para cubrir el transporte aéreo y proporcionar “boarding letters” —documentos para permitir el ingreso— a quienes se encuentren en terceros países tras su salida del CECOT.
La orden se aplica a al menos 137 venezolanos deportados en marzo de 2025 bajo la controvertida invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin que la administración les ofreciera audiencias judiciales previas a su expulsión.
Durante el procedimiento judicial, Boasberg criticó lo que calificó de “violaciones flagrantes” de las garantías constitucionales de los migrantes, señalando que la expulsión sin un proceso legal adecuado vulnera derechos fundamentales. La orden también exige que el gobierno presente antes del 13 de marzo un plan detallado sobre la logística del retorno de los interesados.
El fallo, además, abre la puerta a que quienes regresen permanezcan bajo custodia migratoria mientras se revisan sus casos y, en su momento, puedan enfrentar nuevamente procedimientos de deportación conforme a la ley estadounidense.
La administración Trump ha defendido repetidamente sus políticas de control migratorio y el uso de poderes ejecutivos para enfrentar lo que considera una crisis fronteriza, aunque esta decisión judicial evidencia una tensión creciente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre los límites de la autoridad presidencial en materia migratoria.
Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de migrantes han denunciado que los venezolanos enviados al CECOT sufrieron condiciones duras y violaciones de derechos en ese centro, lo que intensifica el debate sobre la responsabilidad del gobierno de garantizar el debido proceso a todas las personas bajo su jurisdicción.
La orden del juez Boasberg constituye un hito en la prolongada controversia sobre deportaciones y derechos procesales en Estados Unidos, y podría tener repercusiones más amplias en futuros casos de expulsiones forzosas sin audiencias judiciales previas.
