Un juez federal en San Francisco detuvo el lunes la anulación de las protecciones de deportación para cientos de miles de venezolanos por parte de la administración Trump, días antes de que su capacidad para permanecer y trabajar en Estados Unidos terminara.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había revocado el 3 de febrero la extensión del Estatus de Protección Temporal, o TPS, para un gran grupo de venezolanos, con efecto el 7 de abril.
La decisión habría significado que, a partir del miércoles, hasta 350.000 venezolanos, muchos de ellos residentes en el sur de Florida, habrían perdido la capacidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos., y unos días después habrían sido vulnerables a la detención y deportación.
Días antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden había extendido el TPS para Venezuela por 18 meses adicionales, válido hasta octubre de 2026.
Un grupo de siete venezolanos que enfrentaban deportación, junto con un grupo de defensa llamado la Alianza Nacional TPS, demandaron a la administración Trump en la corte federal el 19 de febrero, argumentando que la decisión del gobierno de terminar las protecciones de deportación para los venezolanos es ilegal, políticamente motivada, racialmente discriminatoria y parte de un patrón más amplio de prejuicio contra inmigrantes no europeos y no blancos.
El juez de distrito de Estados Unidos, Edward M. Chen, que supervisa el caso, estuvo de acuerdo el lunes, diciendo que las acciones de Noem contra todos los beneficiarios del TPS venezolano se basaron en generalizaciones negativas y estereotipos amplios.
“Es evidente que la secretaria hizo generalizaciones negativas sobre los beneficiarios del TPS venezolano”, dijo el juez en una orden de 78 páginas. “Actuar sobre la base de un estereotipo negativo de grupo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el ejemplo clásico del racismo.”
El juez dijo también que los venezolanos que demandaron han proporcionado pruebas significativas de que los beneficiarios del TPS y sus familias sufrirían un daño irreparable si se permitiera que la anulación siguiera adelante.
“En contraste, la afirmación del gobierno de que el interés público se inclina a su favor no es convincente porque el gobierno carece de pruebas de daños a la seguridad nacional”, añadió el juez.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien abogó por la aprobación del TPS durante años, agradeció al sistema de justicia estadounidense, a los demandantes y a los abogados que se han abocado en defender los derechos de esta comunidad.
“Los venezolanos no estamos acostumbrados a ganar, a que se nos reconozca, pero hoy un juez en los Estados Unidos reconoce nuestras contribuciones y reconoce que el beneficio del TPS no debe ser arrebatado porque no tenemos un país a donde regresar,” dijo.
Actualmente, más de 900,000 venezolanos residen en Estados Unidos, con más de 607,000 beneficiándose del TPS en dos grupos diferentes con plazos distintos para que su protección termine. No está claro cuántos se verían afectados por el fin del TPS, ya que algunos de ellos también están involucrados en otros procedimientos migratorios, como peticiones de asilo político.
En su fallo, el juez dijo que la anulación del TPS para la comunidad venezolana tendría un impacto más allá del económico en Estados Unidos y las comunidades locales donde viven los beneficiarios del programa. Habría otros problemas de seguridad pública, dijo Chen, porque el temor a la detención y deportación puede hacer que los inmigrantes indocumentados renuncien a atención médica, como pruebas de diagnóstico y vacunaciones, lo que aumenta los riesgos para la salud de la comunidad en general.
Durante una audiencia ante Chen el 24 de marzo, la abogada del Departamento de Justicia, Sarah L. Vuong, argumentó que “los daños al gobierno son que la secretaria ha revisado el tema, ha tomado una determinación sobre el interés nacional y tiene un interés legítimo en asegurar que sus órdenes sean ejecutadas.”
El juez desestimó ese argumento el lunes, diciendo que “el gobierno simplemente sostiene que el interés público se inclina en contra de la posponer las acciones de la agencia debido a los intereses de seguridad nacional. Pero la afirmación del gobierno de que los beneficiarios del TPS venezolano representan algún tipo de peligro para el país o las comunidades donde viven está completamente sin fundamento.”
El juez dijo que está deteniendo la anulación del TPS a nivel nacional, porque las acciones de Seguridad Nacional afectan a los beneficiarios del TPS venezolano en todo el país.
Chen es el mismo juez que, en octubre de 2018, emitió una orden preliminar bloqueando el primer intento de la administración Trump de terminar el programa de TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Casi dos años después de su fallo inicial, un tribunal de apelaciones federal revocó la orden, aunque permaneció en vigor hasta febrero de 2024, cuando el juez aprobó la moción de la administración Biden para desestimar el caso.
Venezuela fue inicialmente designada para el TPS en marzo de 2021, lo que permitió que más de 257,000 personas solicitaran protección. En 2023, la designación se extendió para incluir a otros 350,000 venezolanos.
Esta decisión fue ampliamente celebrada en el sur de Florida, que alberga una de las comunidades venezolanas más grandes de los Estados Unidos.
Cecilia González Herrera, de 26 años, es una de los siete venezolanos que demandaron a la administración Trump, quien vive en Kissimmee, dijo que el fallo del lunes representa una victoria monumental para los 600,0000 venezolanos que dependen del TPS “para su seguridad y su estabilidad.”
González Herrera dijo a el Nuevo Herald sentirse aliviada y agradecida de que el tribunal haya reconocido la urgencia y gravedad de su lucha.
“Esta decisión reafirma que el TPS no es solo una política, sino un salvavidas para familias como la mía que han construido sus vidas aquí, han contribuido a sus comunidades y no pueden regresar a Venezuela de forma segura”.
Con información de The Miami Herald
