Un juez estadounidense negó el asilo a un joven salvadoreño detenido en Carolina del Norte a inicios de 2016 y que asegura que llegó a Estados Unidos cuando era menor de edad, tras recibir amenazas de la pandilla MS-13 en su país, informó hoy la organización United We Stand.
Tras casi un año detenido, un juez de Stewart Lumpkin negó a Santos Geovanny Padilla Guzmán, de 19 años, la petición de asilo, según confirmaron a Efe portavoces de la organización, que asiste a la familia en el proceso legal.
“Stewart es una de las peores cortes para aprobar casos de asilo. Además, después de las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente (Donald) Trump, la situación se ha puesto más delicada”, dijo Byron Martínez, de United We Stand.
El activista señaló que a pesar del golpe anímico, la familia se mantiene con esperanzas ya que el juez, quien dio a conocer su decisión el pasado viernes, otorgó al joven la oportunidad de apelar el caso, lo cual buscarán hacerlo en el estado de Virginia.
“Cuando Santos entró a Estados Unidos era menor de edad y su caso correspondía ser escuchado en Virginia, lo que no pasó porque USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) lo entrevistó en Atlanta (Georgia) cuando ya era mayor de edad”, mencionó Martínez.
Santos Padilla es el único de los jóvenes centroamericanos del grupo conocido como “NC6” que permanece detenido a causa de su estatus migratorio.
Fue arrestado el 19 de febrero de 2016 a las afueras de un complejo de apartamentos en la ciudad de Raleigh, capital de Carolina del Norte por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) cuando se dirigía a su trabajo.
“Abandonó su país luego de recibir amenazas de la pandilla MS-13 y ser testigo del crimen de su primo y un amigo. Si Santos regresa a El Salvador es su sentencia de muerte”, afirmó Martínez.
Originario de San Miguel, El Salvador, el indocumentado fue uno de los nueve jóvenes de Carolina del Norte arrestados entre enero y febrero de 2016, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) intensificara los arrestos de jóvenes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia de sus países.
Según publicó recientemente el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Siracusa, Nueva York, solo el 2 % de los casos de asilo presentados en Lumpkin fueron aprobados, cifra que convierte a esta corte en una de las más difíciles del país para ganar un caso de este tipo.
Esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas relativas a la seguridad fronteriza e interna que buscan “acelerar la deportación” de aquellas personas cuyas pretensiones de permanecer en Estados Unidos “hayan sido rechazadas legalmente”, después de que se les hayan impuesto “sanciones civiles o penales”.
