El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó nuevamente la detención de 17 militares en retiro de El Salvador, a los que procesó en mayo de 2011 acusados del asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, otros cinco sacerdotes y dos personas más que vivían con ellos, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El magistrado, que les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente a los militares, adoptó esta decisión ante el supuesto “giro jurisdiccional” observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y que el entiende la autorizaron cuatro años más tarde.
La petición de detención y extradición a las autoridades españolas, que ha sido comunicada a Interpol, Sirene y la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, afecta, entre otros, al exministro de Defensa Rafael Humberto Larios y a los que eran viceministros de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, y de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda.
A iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, el juez también reitera la petición de detención del general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; y el teniente Héctor Ulises Cuenca.
Además, pide la entrega del director de la Escuela Militar ‘Capitán General Gerardo Barrios’, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos; y siete miembros del batallón ‘Atlacatl’, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.
Nueva sentencia de la sala de lo Constitucional
El 24 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la “búsqueda y localización de los procesados pero no a la captura de los mismos”, por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.
Sin embargo, el 24 de agosto 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció “el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”. La sentencia de la CSJ no transgrede los derechos constitucionales de los imputados.
La “mano negra” del procurador de los Derechos Humanos salvadoreño
El pasado 30 de diciembre la Audiencia Nacional recibió un correo del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, en los que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.
Una semana antes, David Morales había pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que colaborara con la justicia española para la extradición de los militares requeridos por el caso de los jesuitas.
Morales acudió a la CSJ para pedir se hiciesen efectivas las órdenes de capturas que fueron giradas desde 2011 por el juez español Eloy Velasco.
Acciones de la defensa de los militares en España
El defensor de los militares, Antonio Alberca Pérez, presentó un escrito a las Cortes Españolas en el que solicitó al juez Velasco que no se dieran nuevas órdenes de captura contra sus defendidos debido a que la extradición ya fue denegada por la CSJ salvadoreña y porque el juez Velasco se niega a sostener una videoconferencia con los acusados, quienes no se presentan ante la Audiencia Nacional española debido al abuso por parte del juez al imponer fianzas de 3,2 millones de euros (unos 3,5 millones de dólares) a cada uno de los imputados.
El general Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa, opinó ante periodistas que “sería un triple juzgamiento si lo hace. Ya con este sería un tercer juicio. ¿Dónde queda el principio de seguridad jurídica? ¿Y para qué nos van a capturar si la Corte Plena ya resolvió que no procede la extradición?”.
Además, el militar afirma que la fianza de 3.2 millones de euros para cada uno de los militares hizo imposible que se presentaran para su legítima defensa, “¿Quién va a querer ir a poner la cabeza para que se la vuelen?”, dijo Zepeda a periodistas la última semana del 2015.
Los jesuitas, líderes de la insurgencia durante la guerra civil
Los dirigentes del «Grupo de Reflexión Pastoral» César Jerez, Francisco Estrada, Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, Ignacio Martín Baró, Jesús Bengoechea, Francisco Javier Ibisate, Rafael Moreno, Juan Hernández Picó, Rutilio Grande, Segundo Montes y otros de menor jerarquía, que se convirtieron en los organizadores directos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional – Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR) para la toma del poder en El Salvador. Para 1982 el Grupo tenía enrolado al menos el 20% del clero y su influencia llegó a ser decisiva en torno al arzobispo Oscar Romero al que hicieron llegar al cargo para manipularlo (el padre Ellacuría le escribía sus incendiarios sermones) y lo abandonaron cuando monseñor Romero no se dejó seguir siendo manipulado luego de una entrevista personal con el papa Juan Pablo II.
Los jesuitas, desde la UCA dirigían a la coordinadora de masas e instruían políticamente a los líderes guerrilleros y, de acuerdo a algunos historiadores, fueron artífices intelectuales de la guerra que dejó al menos 80 mil muertos en El Salvador durante la década de los 80’s.
El mismo juez español detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de “intensa polarización” entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), donde los sacerdotes fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”.
