“La tregua fue un plan fallido, ya que las estructuras de pandillas nunca dejaron de delinquir” y “no es posible que bajo la bandera de la reducción de homicidios se ampararan ilícitos”, sostuvo la juez Especial de Instrucción, Ana Lucila Fuentes, al leer la resolución con la que envió a juicio a 18 imputados por varios delitos conectados con la “tregua”.
La jueza señaló que entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, y que fueron admitidas en su totalidad para el juicio, se encuentra el testimonio de un pandillero que asegura que sus compañeros recibieron diversas prebendas por acceder a la tregua.
Además, la jueza dijo durante la lectura de la resolución que admitió las pruebas y testigos ofrecidos por la defensa para que los imputados no quedarán en “indefensión”, luego de criticar el trabajo de los abogados.
La jueza Fuentes aceptó como testigo a favor de los imputados al actual vicepresidente, Óscar Ortiz, que era alcalde del municipio de Santa Tecla, “santuario” durante el armisticio entre delincuentes; al expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena; al actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés y a otros.
Durante la tregua “facilitada” por el gobierno de Funes Cartagena, destaca la entrega pública de armas, de la que en una ocasión fue testigo el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza, a cambio de introducir teléfonos celulares a las cárceles.
También la inclusión de pandilleros sin tatuajes visibles en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (Pati), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el que recibían entre 100 y 150 dólares mensuales.
