El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador absolvió de cargos a ocho fiscales, dos policías y una ingeniera del Ministerio Público, denunciados por la abogada Silvia de Bonilla por ser supuestamente responsables de cometer los delitos de divulgación de material reservado, privación de libertad por funcionario o empleado público, atentados relativos al derecho de defensa y actos arbitrarios.
La abogada acusó a los fiscales así como a los policías y técnicos mencionados en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán en enero de 2017 en su calidad de apoderada legal del empresario Enrique Rais.
Según la denunciante , los fiscales presentaron documentos y evidencia que presuntamente era falsa (entre ellas grabaciones obtenidas “ilegalmente” a través de intervenciones telefónicas) en el proceso que está abierto contra Rais y otros en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.
A pesar de que la abogada del empresario Rais presentó la denuncia contra los fiscales, policías y técnico, en enero de 2017, estos permanecieron en sus cargos, con acceso a toda la información disponible en la Fiscalía General de la república, hasta que el ex fiscal Douglas Meléndez la cursó al juzgado 5o de Paz de San Salvador, pocas horas de abandonar el cargo, a inicios de enero de 2019.
De acuerdo a sus defensores, el empresario Rais ha demostrado judicialmente que la intervención telefónica que sirvió de base a la fiscalía para ordenar su detención, no solo había caducado de acuerdo a la ley, sino que los fiscales recurrieron, con el supuesto respaldo del Fiscal General Douglas Meléndez, a la mentira y a la falsedad tal como quedó demostrado en autos después que la fiscal Mayra Raquel Guerra ” admitió, reconoció y pidió disculpas, porque el teléfono intervenido para procesar a Enrique Rais, no pertenecía a dicho empresario.
“DISCULPE SEÑOR JUEZ, FUE UN ERROR DE LA TÉCNICO ENA MARICELA GRANADO PONCE, EFECTIVAMENTE EL NUMERO (intervenido) NO ERA DE ENRIQUE RAIS, ERA DE OTRA PERSONA”. Así se expresa la fiscal Guerra en su escrito al entonces juez Carlos Sánchez. A pesar de la confesión de la fiscal Guerra, el juez Carlos Sánchez ordenó la captura del empresario Enrique Rais.
Error o nó de la técnica, el hecho es que la fiscalía lo utilizó como elemento acusador contra el empresario Enrique Rais.
“En cualquier país del mundo, con esa evidencia de falsedad, el juez a cargo hubiese revertido el auto de detención por contrario imperio; es decir, por ser contrario al derecho” señaló Rais.
Otra equivocación denunciada por los abogados del empresario Rais cosiste en que, según la bitácora que obliga la ley, el empresario Rais sostuvo 78 llamadas con su abogado Ernesto Gutiérrez; sin embargo, resulta, tal como costa en autos, que las 78 llamadas telefónicas fueron entre el abogado Ernesto Gutiérrez y su hijo y no con Rais como lo asegura el requerimiento fiscal.
El pasado miércoles, el Juez Quinto de Paz , Salomón Landaverde, absolvió de cargos a los procesados -quienes enfrentaban el proceso en libertad- ya que al analizar las pruebas presentadas por los defensores de los prófugos, no se logró establecer la existencia de los delitos ni la participación de los profesionales en los hechos que les atribuían.
Para el honorable juez Landaverde, utilizar grabaciones telefónicas que debieron ser destruidas según la ley, equivocarse de sujeto al realizar una intervención telefónica y mantener a una persona (Luis Martínez) en prisión provisional desde hace más de dos años, no son penalmente relevantes y por lo tanto no constituyen delito alguno.
Los fiscales absueltos son: Will Walter Ruiz, exjefe de la Unidad de Delitos de Crimen Organizado y que desde ayer es asesor de la Dirección de la Defensa de Intereses de la Sociedad de la zona Central.
También Froilán Coto, exdirector del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones y actual asesor de la Dirección de la Defensa de Intereses de la Sociedad de la zona Occidental.
Junto con ellos fueron sobreseídos los fiscales Sigfredo Campos Crespo, Xenia Linares Rodríguez, Liliana Jovel Guzmán, Mayra Guerra Quintanilla, Julio Larrama Barahona y Luis Montes Pacheco. Además, la ingeniera Ena Granados Ponce y los agentes Francisco Anaya Cruz y Mario Gómez De León.
