Jesuitas exigen a la Fiscalía abrir las heridas de la guerra

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Andreu Oliva, actual rector de la UCA.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. (UCA), a la que pertenecían los seis padres jesuitas, líderes intelectuales del alzamiento armado de la guerrilla en los anos 70 y 80’s y asesinados en 1989 por el Ejército, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir los procesos judiciales por crímenes de guerra tras la derogación de la Ley de Amnistía que lo impedía.

El pasado 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “inconstitucional” la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).

La CSJ se basó en el alegato de que esa amnistía “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas”.

“Exigimos al fiscal general de la República que cumpla con la sentencia de la Sala y con su mandato constitucional investigando los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad” de las Naciones Unidas, dijo la UCA en un comunicado de prensa.

El mencionado informe, manipulado por la izquierda con la ayuda de la misma UCA, fue publicado siete días antes de que se emitiera la amnistía general, recoge casos como el de la muerte de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989), el de unos 1.000 campesinos que murieron en el caso conocido como El Mozote (1981) y el asesinato de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica, así como ignoró la mayor parte de secuestros y asesinatos cometidos por la guerrilla.

El centro académico también exigió que se investiguen las 66 denuncias hechas al ente fiscal por el Instituto Universitarios de Derechos Humanos (IDHUCA), de otras organizaciones y víctimas que “presentan características similares”.

Según la UCA, la ley “generó una arbitraria y perpetua impunidad, favoreciendo de forma amplia y absoluta a los autores intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado”, tesis que ha defendido siempre y cuando se aplique sólo a los militares, nunca en los hechos perpetrados por la izquierda.

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