Informe acusa al gobierno salvadoreño de posibles crímenes de lesa humanidad
Las violaciones cometidas durante el régimen de excepción promovido por el Gobierno salvadoreño podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según un informe presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo con un documento divulgado el martes.
El informe, presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
El documento, elaborado por especialistas independientes en derechos humanos, sostiene que durante la ofensiva contra las pandillas se habrían producido detenciones arbitrarias, abusos en centros penitenciarios y muertes bajo custodia estatal.
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de Washington (Estados Unidos), apuntó durante la audiencia que “El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad. Sin embargo, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sufrido en carne propia los altos costos de este publicitado éxito”.
Según dijo, “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de tener a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”.
El régimen de excepción fue aprobado en 2022 para combatir a organizaciones criminales como Mara Salvatrucha y Barrio 18, responsables durante años de altos niveles de homicidios en el país.
El gobierno salvadoreño ha rechazado las acusaciones y sostiene que la política de seguridad ha permitido reducir drásticamente la violencia y recuperar territorios antes dominados por pandillas.
Organizaciones de derechos humanos, por su parte, han pedido investigaciones independientes y mayor transparencia sobre las condiciones en los centros de detención.
