Incendios en el viejo San Salvador: cambios urbanos, compras de propiedades y narrativas en disputa
En los últimos años, el Centro Histórico de San Salvador ha sido escenario de incendios estructurales que han afectado edificios centenarios junto con un proceso de transformación urbana acelerado. Mientras las autoridades han impulsado proyectos de revitalización del área, analistas, propietarios y ciudadanos han planteado interrogantes y denuncias públicas sobre coincidencias entre siniestros, cambios en la propiedad y la adquisición de bienes raíces por parte de figuras vinculadas al poder político.
Incendios recientes y patrimonio urbano
El más reciente incendio de gran atención pública ocurrió la madrugada entre el 25 y 26 de febrero de 2026, cuando un fuego estructural afectó al antiguo edificio del ex Hotel Alameda, ubicado sobre la alameda Franklin Delano Roosevelt en San Salvador, generando daños materiales significativos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que la rápida intervención de sus equipos permitió evitar que el fuego se extendiera a inmuebles cercanos y que no se reportaron personas lesionadas.
Este siniestro se suma a otro incendio de gran magnitud ocurrido el 13 de febrero de 2026 en el corazón del Centro Histórico, donde varios edificios antiguos fueron consumidos por las llamas y cinco personas murieron, incluidos una mujer embarazada y un niño, según informes de medios que documentaron el hecho en suelo capitalino.
Los edificios del casco histórico de San Salvador —la mayoría construidos en los siglos XIX y XX— combinan materiales tradicionales, fachadas antiguas y estructuras que, por su antigüedad, son particularmente vulnerables a fallas eléctricas, combustión accidental o deficiencias de mantenimiento.
Compras de inmuebles en el centro y disputas públicas
Paralelamente, en ese mismo sector urbano se ha producido una oleada de compras de propiedades por parte de sociedades vinculadas a personajes cercanos al presidente Nayib Bukele. Publicaciones periodísticas independientes señalan que, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, los hermanos del mandatario, Karim y Yusef Bukele, a través de la empresa Lagencia, S. A. de C. V., adquirieron tres nuevas propiedades en el Centro Histórico por un total aproximado de US$1.25 millones, incluida la denominada Casa Samayoa y el edificio de La Concordia, comprado meses antes de que un siniestro destruyera una parte del patrimonio en esa cuadra.
Los registros públicos del Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR) muestran que estas compras forman parte de una acumulación de cinco propiedades que suman más de 3,000 m² en el centro en apenas tres años, iniciada poco después de que la legislatura sancionara una ley que otorga exenciones fiscales de hasta diez años a inversores y restauradores de inmuebles ubicados en la zona delimitada como área de desarrollo cultural y turístico.
Según las normas aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, los proyectos de inversión que cumplan ciertos requisitos en el Centro Histórico pueden gozar de exenciones de impuesto sobre la renta y de tributos municipales, un incentivo que ha atraído capitales y generado debate por sus efectos sobre precios, accesibilidad y uso del suelo.
Conviene subrayar que las adquisiciones son hechos verificables mediante escrituras e inscripciones públicas, y están sujetas a las leyes y registros oficiales. Las autoridades responsables de implementar la ley de exenciones —incluida la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (APLAN)— han defendido estas medidas como parte de una estrategia de atracción de inversión y reactivación urbana.
Narrativas conspirativas y opinión pública
En redes sociales y foros de discusión, han circulado teorías conspirativas e insinuaciones sin evidencia comprobada que sugieren vínculos entre incendios estructurales, cambios de propiedad y operaciones urbanísticas que beneficiarían a inversores vinculados al Gobierno. Estas narrativas plantean, por ejemplo, que la destrucción de edificios antiguos podría facilitar la compra de terrenos a menor costo o allanar el camino para proyectos de reconfiguración comercial o residencial en el sector.
Importante: estas afirmaciones no han sido corroboradas por investigaciones oficiales ni pruebas públicas independientes, y no deben ser presentadas como hechos verificables. Se trata de opiniones y especulaciones compartidas en espacios digitales, no de conclusiones basadas en análisis técnico forense o hallazgos de la Fiscalía General u otros entes públicos o privados con acceso a evidencia concreta.
Contexto urbano e institucional
La transformación del Centro Histórico se enmarca en una política más amplia de revitalización urbana promovida por el Ejecutivo y apoyada en algunos desarrollos legislativos. Las inversiones anunciadas públicamente incluyen proyectos de infraestructura, restauración de edificios patrimoniales, atracción de turismo y recuperación de espacios públicos. Varias iniciativas han sido presentadas como esfuerzos para disminuir la degradación urbana y fomentar actividad económica. No obstante, algunos propietarios anteriores, comerciantes y ciudadanos han denunciado desalojos, precios de alquiler crecientes y dificultades para seguir operando en el centro.
Los recientes incendios que han afectado el ex Hotel Alameda y varias estructuras del Centro Histórico forman parte de un patrón de siniestros que, por sí solos, constituyen hechos verificables de emergencia y pérdida patrimonial. De forma paralela, es comprobable que en el mismo sector se han realizado compras registradas de propiedades por parte de sociedades ligadas a familiares del gobernante, bajo un marco legal de incentivos fiscales.
La relación causal entre unos y otros no ha sido establecida por ninguna investigación oficial independiente, y cualquier vinculación debe ser tratada con cautela para evitar afirmar como hecho aquello que sigue siendo objeto de denuncia pública o especulación en espacios digitales.
