La FGR decomisó este miércoles bienes por valor de 40.000s a colaboradores de una estructura de pandilleros del Barrio 18 que operaban en la zona sur del departamento de La Libertad. Hasta la fecha, en lo que lleva de gestión el Fiscal Raul Melara, se han incautado unos $3.5 millones en bienes originarios de actividades delictivas.
Los bines consisten en tres viviendas, cinco vehículos y seis cuentas bancarias, que juntas suman unos $40,000, que pertenecían a una red de supuestos testaferros de una estructura del Barrio 18 –afincada en el departamento de La Libertad.
La Fiscalía aseguró que dichos bienes pertenecían a Miguel Ángel Flores, Reina Isabel Molina, Rhina Castillo de Gálvez, Nelson Gálvez Peñate y otros acusados de colaborar con estructuras del Barrio 18. Se trata de un grupo de supuestos prestanombres que fueron capturados en septiembre de 2018 como parte de un operativo destinado a golpear las finanzas de la pandilla. Las autoridades le llamaron Operación Tsunami.
Los imputados en el caso, considerados la mayoría testaferros, son procesados por los delitos de tráfico ilegal de personas, extorsiones y lavado de dinero. La Fiscalía realizó la incautación de los bienes luego de que el Juzgado de Extinción de Dominio les avaló la solicitud.
“Es una investigación relacionada con una estructura del Barrio 18 que opera en La Libertad. Se logró identificar con el grado de colaborador a varias personas que tenían el rol de darle apariencia de lícito a algunos bienes de la pandilla”, dijo ayer una de las fiscales de la Unidad Especializada Extinción de Dominio de la FGR.
El caso inició en septiembre del año pasado, cuando las autoridades desarrollaron la Operación Tsunami en la zona sur del departamento de La Libertad. La intención del operativo fue capturar a 164 personas: cabecillas, pandilleros y colaboradores del Barrio 18. La Policía Nacional Civil logró arrestar a 64 de los implicados en el caso.
De acuerdo con la investigación, la estructura del Barrio 18 utilizó a personas bajo la figura de testaferros. El procedimiento fue pagarles a cambio de prestar sus nombres y firmas para comprar inmuebles, vehículos y administrar negocios en la zona costera de La Libertad.
Entre los involucrados en la operación de volver legal el dinero hay comerciantes de pescado, comerciantes, empresarios de microbuses y autobuses, quienes de acuerdo con la Fiscalía, recibieron dinero de la pandilla para lavarlo. Por esa acción, los comerciantes recibían un porcentaje de las ganancias.
En otros casos, los pandilleros compraban o tomaban a la fuerza un negocio y lo utilizaban de fachada para lavar dinero a través de sus colaboradores.
La Fiscalía agregó que lo incautado ayer pasará a ser administrado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), mientras culmina el proceso.
El fiscal general, Raúl Melara, informó ayer ante los diputados que en el último año han incautado unos $3.5 millones en bienes originarios de actividades delictivas.
