Howard Cotto dice que 2016 terminaría con mil asesinatos menos que 2015

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El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto (segundo derecha a izquierda), vistiendo un traje de fatiga militar.

De acuerdo al director de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo este jueves que de continuar con la tendencia de homicidios registrada hasta mediados de octubre, El Salvador cerrará 2016 con una disminución de unos 1.000 asesinatos respecto de los 6.657 de 2015.

Cotto dijo a periodistas que entre el 1 de enero y el 19 de octubre fueron asesinadas un total de 4.431 personas, un 17,5 % menos que las 5.363 muertes violentas del mismo lapso de 2015, año que es considerado el más violento de la historia reciente salvadoreña.

“Si la tendencia continua así, estaremos cerrando el presente año con un aproximado de 1.000 homicidios menos que en 2015”, expuso Cotto durante un evento de rendición de cuentas.

El director de la PNC atribuyó esta disminución al accionar de dos comandos elites de un millar de agentes y soldados que dan caza a las columnas armadas de pandilleros en la zona rural y que buscan recuperar las zonas controladas por estas estructuras.

El despliegue de los mismos forma parte de las “medidas extraordinarias” de seguridad que el Gobierno lanzó en abril para disminuir los asesinatos y que incluyó el recrudecimiento de régimen carcelario y sacar parte de las reservas del Ejército.

Cotto destacó que la Fuerza Especializada de Reacción (FES) y la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) detuvieron a 1.500 personas, entre ellos 35 de los pandilleros más buscados, en sus 6 meses de labores.

También se incautaron 349 armas de fuego, 350 kilos de cocaína, más 454 kilos de marihuana, 50 vehículos, y recuperaron 980 viviendas ocupadas por pandilleros y desmantelaron 157 refugios de los mismos.

Por su parte, el vicepresidente Óscar Ortiz aseguró que el endurecimiento de la política de seguridad “es el camino correcto” para “vencer al crimen” y que es un “riesgo” que tenía que asumir el Gobierno.

“Si este no es el camino correcto en este momento, en esta etapa, en esta coyuntura ¿cuál es?: este es el camino correcto”, sentenció Ortiz en respuesta a la criticas que ha recibido el Gobierno por la brutalidad policial.

El mismo aseguro que la FES y FIRT se mantendrán de “manera permanente”, pese a que originalmente fueron creadas para un uso “extraordinario”.

Las cifras que Cotto ha venido ofreciendo a periodistas las últimas semanas no son correspondientes con las que ofrece el Instituto de Medicina Legal (IML), que son sustantivamente mayores que la que ofrece la Corporación policial.

Militarización de la Seguridad Pública

Por otra parte, ante preguntas de periodistas, el Gobierno negó rotundamente que tenga militarizada la Seguridad Pública y aseguró que el uso del Ejército es “coyuntural”, pese a que actualmente hay más de 10.400 soldados en esas labores, una cifra en ascenso desde 2008.

Óscar Ortiz aseguró que “la seguridad no está militarizada” y el Gobierno viene “utilizando de manera limitada y focalizada el papel de apoyo” del Ejército en los últimos años.

“Nosotros estamos haciendo las cosas como la ley manda y la Constitución da un mandato al presidente de cómo hacer uso coyunturalmente, transitoriamente, de una parte de las Fuerzas Armadas en un momento cuando se requiera un mayor nivel presencia y de contundencia”, aseguró.

Sin embargo, la experta en temas de desplazados por la violencia, Celia Medrano, cuestionó recientemente, en una entrevista con la agencia de prensa española Efe, el “rol protagónico” que está tomando el Ejército en la estrategia de seguridad, que le confiere una “perspectiva militar y no policial”, y que afecta a la población civil.

El registro de las organizaciones sociales “marca una tendencia al aumento de acciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos por parte de Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador”, expuso Medrano.

Señaló que la estrategia pareciera ir en contra del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que impulsan Honduras, Guatemala y El Salvador con el apoyo de EE.UU., y que “condiciona” a los gobiernos a “bajar los niveles del uso de elementos de la Fuerza Armada en la seguridad pública”.

Según informes del Ministerio de la Defensa, hasta el 11 de julio de 2016 un total de 10.423 uniformados eran empleados en “labores de seguridad a la ciudadanía” (82,25 %), a centros penales (11,51 %) y en “apoyo a migración y extranjería (6,23 %).

En agosto del 2015, el número de elementos de la Fuerza Armada que apoyan a la PNC en labores de seguridad era de 7.900, lo que representa un incremento del 32 % entre esta fecha y julio del 2016.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Número 60, el Gobierno podrá disponer hasta el 22 de diciembre de este año de los efectivos militares para la seguridad ciudadana.