El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó en conferencia de prensa que febrero cerró con 237 muertes violentas que, sumadas a las 256 de enero, totalizan 493 en los dos primeros meses, 911 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior.
Según las cifras oficiales, entre enero y febrero de 2016, los homicidios se incrementaron en un 118% en comparación con las mismas fechas de 2015.
El Salvador cerró 2016 con un registro de 5.278 personas asesinadas, un promedio de 14,4 muertes violentas por día, lo que implica una reducción de 1.378 homicidios en comparación con 2015, cuando confirmaron 6.665 homicidios, la mayoría atribuidos a las maras o pandillas.
Según estas cifras, 2016 cerró con un promedio de 81,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que según un estudio del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), “demuestra una mejoría”. Sin embargo, el padre José María Tojeira, que dirige el mencionado instituto, sostiene que “tenemos una epidemia de homicidios crónica en el país”. Tojeira precisó que la Organización Panamericana de la Salud considera como “epidemia” más de diez homicidios por cada 100.000 habitantes.
El comisionado Cotto destacó que en lo que va de 2017 no se han cometido homicidios en 137 de los 262 municipios del país y lo atribuyó al esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad. Destacó que el avance en el combate a la delincuencia se produce luego de que el gobierno salvadoreño decretara estado de emergencia en siete cárceles tras una matanza de once trabajadores que se atribuye a las pandillas. De este modo, trasladaron a sus cabecillas a una cárcel de máxima seguridad y días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza a someter a estos criminales a aislamientos severos.
La Asamblea le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales y se han contemplado medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.
