Ver familias que se desplazan debido a amenazas o a la falta de seguridad por parte de las autoridades se esta convirtiendo en algo cotidiano en el país.
Más de un millar de personas se han visto forzadas a dejar sus casas por amenazas de las pandillas y en algunos casos por presiones de policías y militares desde el 2015, durante la actual administración, denunciaron el lunes organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Celia Medrano, de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado, informó a periodistas que se trata de casos atendidos directamente por sus organizaciones y advierte que el fenómeno —que afecta mayormente a zonas rurales y es producto de la violencia— podría ser “más grave”.
Detalló que en el 2015 se registraron 146 casos de desplazamiento forzado que implica a unas 623 personas, mientras que de enero a agosto se contabilizaron 88 con un estimado de unas 396 víctimas.
Para Medrano, el desplazamiento se produce “a partir de acciones de las pandillas y en un porcentaje de estos casos son víctimas del desplazamiento forzado por instancias tales como la Policía Nacional Civil y fuerza armada salvadoreña”.
La organización también criticó las afirmaciones de las autoridades de seguridad pública en el sentido que algunas de las familias desplazadas tienen relación con las pandillas.
Dijo que los casos registrados por la mesa no tienen ese tipo de vinculación y que las aseveraciones de las autoridades de seguridad reflejan que adolecen de un “diagnóstico imparcial”.
