El máximo tribunal de justicia de Guatemala reactivó este miércoles el proceso de antejuicio por corrupción contra el presidente Otto Pérez, tras revocar un amparo provisional otorgado ante el reclamo de una abogada particular, anunció una fuente oficial.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) desbloquea una investigación en el Congreso avalada por la justicia para levantar la inmunidad presidencial a Pérez, sobre quien pesa una denuncia por su supuesta participación en casos de corrupción en las aduanas y el seguro social.
“La Corte dispuso (…) revocar el amparo provisional que había sido otorgado (el jueves pasado) a la abogada Karen Fisher”, dijo en rueda de prensa el secretario de la CC, Martín Guzmán.
En el sistema judicial guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad está por encima de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había ordenado la apertura del proceso de antejuicio contra Pérez.
El martes la CC propinó otro revés a Pérez al rechazar una impugnación presentada por el presidente para revertir el antejuicio. La decisión de este miércoles anula el amparo temporal otorgado a petición de Fischer, una exfiscal que asegura haber actuado de manera independiente porque considera que se violó el debido proceso contra Pérez al ordenar el antejuicio.
La denuncia contra el mandatario fue presentada por el diputado opositor indígena Amílcar Pop, quien consideró que Pérez está involucrado en los escándalos de corrupción en las aduanas y el seguro social que desde abril estremecen al país.
La población ha exigido la renuncia de Pérez en numerosas y multitudinarias marchas pacíficas, que obligaron a la vicepresidenta Roxana Baldetti a renunciar al cargo el pasado 8 de mayo.
Pop argumenta que Pérez incurrió en los delitos de encubrimiento propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, toda vez que él nombró a las máximas autoridades de las entidades involucradas en los escándalos de corrupción destapados por la fiscalía y una misión de la ONU contra la impunidad.
Este miércoles, además, autoridades judiciales arrestaron a varios empresarios vinculados con el fraude millonario en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos y responsable de las aduanas nacionales.
